Los ideólogos del capitalismo siempre han defendido que la economía es amoral, no se rige por criterios de moralidad o inmoralidad sino por unas leyes propias que funcionan automáticamente y hay que respetar. La Iglesia siempre ha mantenido lo contrario. Así lo recordaba Benedicto XVI: «El sector económico no es ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente». «La Doctrina Social de la Iglesia ha sostenido siempre que la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica, porque en todo momento tiene que ver con el hombre y con sus derechos… Toda decisión económica tiene consecuencias de carácter moral» (Caritas in veritate, 36-37).

Situarnos de una u otra manera tiene consecuencias muy importantes. La economía, como toda actividad humana, tiene unos componentes «técnicos» que hay que tener en cuenta. Pero no son lo más importante, lo decisivo es si es justa, si respeta o no todo lo que comporta la dignidad de las personas y el bien común. Los automatismos despersonalizados no existen en la economía. Así, no es muy acertado decir que «sube el precio de los alimentos, del gas, de la electricidad…», porque ni los alimentos, ni el gas, ni la electricidad son sujetos que tomen decisiones. Son los responsables de las empresas quienes «los suben», quienes deciden subir los precios. Los automatismos son un encubrimiento de la realidad, una manera de eludir responsabilidades sobre las decisiones que se toman.

Lo mismo ocurre con los salarios. Con la alta inflación que padecemos –fruto de decisiones que toman agentes económicos–, los salarios pierden poder adquisitivo, personas y familias asalariadas se empobrecen. Con frecuencia se dice que no se pueden subir los salarios porque subirá más la inflación. Otra vez los automatismos. La verdad es que solo subirá más la inflación si las empresas deciden subir de nuevo los precios, porque la inflación actual está provocada por el aumento de los márgenes de beneficios de algunas empresas, no por los salarios. En realidad, lo que se está diciendo es que los costes de la inflación deben soportarlos los asalariados y no los beneficios empresariales. Subir los salarios es una cuestión de la más elemental justicia.

La Doctrina Social de la Iglesia siempre ha planteado el salario como «el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales», el salario justo es «la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico» (san Juan Pablo II, Laborem exercens, 19). Y un salario justo es aquel que permite a las familias trabajadoras una vida digna (Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 67), no solo vivir al día, sino asegurar su futuro y el acceso a la propiedad necesaria para una vida digna (LE 19). Por eso, Benedicto XVI, entre las características de un trabajo digno, señala que sea «un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias» (CV 63).

Es de justicia que el Gobierno apruebe un aumento suficiente del salario mínimo interprofesional. Como lo es que aumenten suficientemente los salarios a través de la negociación colectiva y los convenios. Sobre todo, deben subir los salarios más bajos. En nuestro país hay muchos salarios bajos, insuficientes, injustos. Es verdad que es necesario mantener un equilibrio entre las subidas salariales y los beneficios de las empresas. Pero no se puede pretender hacer recaer los costes de la inflación solo sobre los salarios. Lo que producen las empresas debe ser distribuido de manera más justa. Las empresas necesitan obtener beneficios, pero estos no son su finalidad. Son solo una condición necesaria para su funcionamiento. Su finalidad debe ser prestar bien su servicio a la sociedad y cuidar a trabajadores y trabajadoras (Cf. san Juan Pablo II, Centesimus annus, 35). Poner los beneficios, la máxima rentabilidad, por encima de todo lo demás, como algunos pretenden, es una inmoralidad, una perversión del sentido humano de las empresas.

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