Ha finalizado el proceso de diálogo social de la mesa sobre la modernización del mercado laboral que reúne a Gobierno, CCOO, UGT, CEOE-CEPYME. Después de 9 meses de negociación, donde han existido momentos de dificultad entre miembros del Gobierno de coalición, y entre posturas legítimamente discrepantes de todas las partes del diálogo, la resolución de esas tensiones permite avanzar por la senda del bien común (Cfr. Fratelli tutti, 203). Como consecuencia, las partes anuncian cambios sustanciales en el marco de las relaciones laborales.

Según se recoge en el documento, el acuerdo se centra en actuar para reducir la temporalidad, causalizando la contratación y primando la estabilidad en el empleo; vuelve a equilibrar la negociación colectiva haciéndola más justa y garantista para los trabajadores y las trabajadoras. Por otro lado, establece un nuevo mecanismo denominado RED, que sustituye a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), como instrumento para proteger el empleo y a las empresas. Estos tres pilares configuran un nuevo paradigma que pretende garantizar empleo en condiciones más dignas.

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) movimiento de Acción Católica para la Pastoral del Trabajo, que en su tarea acompaña la vida de las personas trabajadoras y está comprometida en el mundo obrero y del trabajo, considera que el acuerdo va en una dirección positiva.

Cambio de lógica

Los cambios acordados rompen con la lógica de atender las relaciones laborales precarizando el empleo, abaratando los costes laborales, otorgado más poder a las empresas, debilitando la negociación colectiva y la tarea de las organizaciones de los trabajadores. Todas ellas tienen un impacto profundamente negativo en la vida de las personas trabajadoras y en sus familias, y generan desigualdad e inseguridad vital.

El acuerdo recupera la centralidad del trabajo y el diálogo social como mecanismo para intervenir en los cambios necesarios. Hoy, ambas cuestiones no son un tema menor para avanzar en la construcción del bien común. Permite mejoras para las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, especialmente para las personas que sufren la temporalidad y la precariedad. Recupera y protege derechos en la negociación colectiva, para atajar las prácticas que favorecen derechos laborales a la baja o simplemente desmotivar la negociación de un convenio colectivo; y especifica medidas para evitar despidos, cuidando el empleo en situaciones de dificultad.

Los límites de la acción normativa

El mundo del trabajo sigue teniendo desequilibrios y enormes dificultades. Uno de los más preocupante es el elevado desempleo estructural. Millones de personas no pueden trabajar. Sabemos que los cambios que se producirán, por sí mismos, no crean empleo. También consideramos que hay materias que han quedado fuera de la negociación, como todo lo relacionado con el despido; o que son manifiestamente mejorables, como las cuestiones relacionadas con la subcontratación.

Con todo, instamos a las partes a que, mediante un trabajo decente, se promueva el bien del pueblo y permita “a todos hacer brotar las semillas que Dios ha puesto en cada uno, sus capacidades, su iniciativa, sus fuerzas. Esa es la mejor ayuda para un pobre, el mejor camino hacia una existencia digna (…). La política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. Porque «no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo».

Promover el trabajo decente

En una sociedad realmente desarrollada el trabajo es una dimensión irrenunciable de la vida social, ya que no sólo es un modo de ganarse el pan, sino también un cauce para el crecimiento personal, para establecer relaciones sanas, para expresarse a sí mismo, para compartir dones, para sentirse corresponsable en el perfeccionamiento del mundo, y en definitiva para vivir como pueblo”. (FT 162). En este sentido, en continuidad con la propuesta del papa Francisco, reclamamos que se analice seriamente la posibilidad de reducir la jornada laboral, como medida para crear trabajo.

Subrayamos y reiteramos que los derechos de las personas en el trabajo deben ser elemento central de la configuración de la economía y es esta la que debe adaptarse a las necesidades y derechos de las personas. Así se señala en la Doctrina Social de la Iglesia y pensamos que esta es la cuestión de fondo que necesitamos afrontar.