Ante la situación que sufren las personas que viven en La Cañada Real de Madrid, la HOAC diocesana, como movimiento de Acción Católica especializada en la promoción y atención del mundo obrero empobrecido, nos sentimos en la obligación de sumar nuestra voz para denunciar la incapacidad de la compañía eléctrica Naturgy (Unión Fenosa) de garantizar el suministro y la inoperancia de las administraciones a la hora de ofrecer una solución de emergencia.

A escaso kilómetros de la capital de España, numerosas familias viven sin electricidad desde hace casi tres meses, con la justificación de los cortes por exceso de consumo atribuido a plantaciones ilegales de marihuana, criminalizando a toda la población de la Cañada por un práctica delictiva de una minoría.

Constatamos que la construcción desde hace décadas de un modelo de sociedad que deja en la cuneta a cada vez más personas, fruto de lo que el papa Francisco ha llamado la «cultura del descarte» y en el que las instituciones y grupos más afortunados se sienten desvinculados por completo del destino de sus semejantes menos privilegiados.

Nos preguntamos, con el papa Francisco, «si verdaderamente la igual dignidad de todos los seres humanos, proclamada solemnemente hace 70 años, es reconocida, respetada, protegida y promovida en todas las circunstancias». La población a la que se le niega el servicio público de energía está siendo arrastrada a añadir a su situación de abandono, «nuevas pobrezas», que a veces pasan desapercibidas, dado que si bien en «en otros tiempos, por ejemplo, no tener acceso a la energía eléctrica no era considerado un signo de pobreza ni generaba angustia», hoy en día resulta fundamental para alcanzar las condiciones materiales mínimas para la vida en sociedad.

Exigimos el respeto de estos derechos, porque «es condición previa para el mismo desarrollo social y económico de un país», lo que debe traducirse en el cumplimiento de los pactos y planes alcanzados por las distintas administraciones para el reasentamiento de la población y regeneración del espacio, y la aplicación consensuada y participada de las soluciones de emergencia adecuadas.

Aplaudimos los esfuerzas de las entidades, organizaciones y colectivos, entre los que nos constan se encuentran entidades de la Iglesia de Madrid, que practican la solidaridad y lucha por la justicia social, en concreto, en La Cañada Real y en el resto de las periferias abandonadas y marginadas, capaces de gestar «variadas formas de economía popular y de producción comunitaria» Por eso, les animamos a que no cejen en sus denuncias, intensifiquen su solidaridad, sigan movilizándose por el reconocimiento práctico de los derechos humanos, y sientan nuestra disponibilidad y cercanía.

Por último hacemos extensivo el llamamiento a toda la sociedad madrileña para que no mire a otro lado ante el dolor de estos hermanos y hermanas y reúna los esfuerzos necesarios para que sea debidamente reconocida la dignidad de todas las personas, en especial, de las más vulnerables.