A pesar del fuerte arraigo desarrollado por los cerca de 8 millones de personas migrantes en España, su integración es muy débil, debido principalmente a que ocupan los empleos más precarios y peor remunerados.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio realizado por la Universidad Pontificia de Comillas y la fundación de estudios sociológicos de Cáritas, “Un arraigo sobre el alambre”.

La presentación ha comenzado con la intervención de la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, quien ha afirmado sobre la población origen inmigrante que “hoy sabemos que son vecinos esenciales, como las decenas de miles de personas inmigrantes que cuidan y limpian los que más queremos, los reponedores de supermercados, las personas que recogen la fruta de nuestros campos y las personas que nos traen a casa los productos que compramos por internet”.

“En épocas de máxima incertidumbre como la que vivimos en la actualidad conviene buscar anclas que nos impidan ir a la deriva y brújulas que nos indiquen el norte, como sucede con este estudio”, ha añadido Peiro para aclarar después: “Anclas como la Declaración de Derechos Humanos que en su Artículo 13 dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, y a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país”.

“Para nosotros es importante evidenciar las enormes dificultades de las personas migrantes para obtener una autorización de residencia y trabajo y la enorme sencillez con que esta se pierde. Y aunque aplaudimos que se hayan tomado algunas medidas que permitan que no aumente la irregularidad sobrevenida como consecuencia de la COVID-19, consideramos que la normativa de extranjería deber ser revisada con el objetivo de evitar que las personas extranjeras vivan en permanente riesgo de caer, de nuevo, en la irregularidad”, ha comentado.

La secretaria general de Cáritas abogó por “una sociedad que acoja y proteja a los millones de migrantes que viven con nosotros, haciéndoles sentir que no están solos, y por promover e integrar, construyendo juntos un futuro mejor”.

“Reafirmo el compromiso firme y sostenido de Cáritas con las personas migrantes, y no sólo en nuestro país. Cáritas está presente en casi todos los lugares del mundo, acompañando desde el origen, acompañando el tránsito, acompañando en el destino, siempre desde el enfoque de derechos humanos, porque una persona migrante, un solicitante de asilo, una persona refugiada no pierde sus derechos por el camino sino que es sujeto de derechos ahí dónde está, por el hecho de ser persona”, ha pronunciado.

Desmontando prejuicios

“Muchos de los datos tienen poco que ver con las imágenes mentales y la representación que nos hacemos de la población inmigrante en la cabeza”, ha declarado Juan Iglesias, experto del Instituto Universitario de Estudios de Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas, en la presentación del informe editado dentro de la Colección Estudios de la Fundación FOESSA.

Desde la crisis de 2008 hasta la actualidad, la población de origen extranjero no solo ha permanecido estable sino que hay crecido en alrededor de un millón de habitantes, solo que lo ha hecho en dos fases. La primera, hasta que la recesión anterior, en concreto, en 2012 y 2013 apenas crece y la segunda de 2014 hasta 2020, lo que permite decir que “la propia inmigración se ajusta al ciclo económico”.

En cuanto a los rasgos principales de la población inmigrantes, el investigador destaca el origen marroquí y latinoamericano, aunque en nuestro país hay ya más de 50 comunidades diferentes con más de 10.000 personas cada una, pero también su feminización, ya que las mujeres vuelven a ser mayoritarias, el 52%.

“Son las que mejor se sienten entre nosotros, las que cuidan de nuestros mayores y niños, las que mantienen limpias nuestras casas, colegios y oficinas, pero las que sufren la peor segregación laboral y las que menos ingresos obtienen. Y aquí se cruza la doble discriminación, porque no solo se ven negativamente afectadas por los mencionados procesos de discriminación étnica, sino también por procesos de desigualdad basados en género”, ha asegurado Iglesias.

Los datos hablan de una población inmigrante eminentemente joven, con 36 años de media, con una formación educativa muy similar a la nativa, que ha apostado por desarrollar su proyecto vital en nuestro país (el 50% lleva más de 15 años en España), además de familiar (el 27% de los nacidos en nuestro país tiene padres de origen extranjero).

Sin embargo, su “proceso de integración económica y laboral no ha sido tan positivo, por el contrario, estaban, y continúan estando, segregados y sobrerrepresentados en la parte baja de la estructura social, en los trabajos elementales, con un 79% de ocupaciones obreras y ocupando casi el 60% de los trabajadores elementales, frente a solo el 25% con empleos de cualificaciones medias y altas”.

Es más, “su estatuto laboral está fuertemente precarizado, solo el 27% de la población de origen extranjero tiene un contrato indefinido a tiempo completo, con índices de desempleo y temporalidad mayores que la media de los nativos”, por no hablar de sus salarios, que de media llegan a los 926 euros, por debajo del SMI y, claramente inferior al salario medio de las personas nativas”.

La consecuencia es que se encuentran entre los sectores de población con ingresos bajos y fuerte incidencia de la pobreza. Aunque, también conviene subrayarlo, presentan una “menor utilización del sistema de protección de bienestar social”, haciendo una “contribución neta, siendo sostenedores que equilibran el sistema de bienestar social”.

En definitiva, “la población extranjera se ha integrado en términos socioeconómicos de modo dual, dentro de los sectores populares, en la parte baja de la estructura social, en los barrios populares, por debajo de los niveles medios de esos sectores, con una minoría dentro de las clases medias y altas”. El último eslabón está formado por los solicitantes de protección internacional y acogida, apenas el 3,2% de la población migrantes, con peores indicadores de integración y arraigo, entre otras cosas por el tipo de sistema de protección internacional que tenemos”.

“La inmigración no es un fenómeno externo o exterior a nuestra sociedad, es estructural, es indisoluble al desarrollo económico, social y demográfico de nuestro país”. De hecho, ha insistido Iglesias en que nutren el trabajo barato y flexible que es consustancial a nuestro modelo de producción intensivo en mano de obra barata, aportando ahorro y competitividad a la economía. En el sector del cuidado y doméstico es vital para mantener la alternativa que nos hemos dado para solucionar los cuidados y la atención doméstica.

Afortunadamente el sentimiento antiinmigrante no ha crecido a pesar de la crisis y precariedad, pero existe “un riesgo real a medida que aumenta el malestar en España, sobre todo en los barrios populares, de que se convierta en hostilidad”, especialmente a través de determinadas propuestas políticas que ponen el foco en la inmigración y no en las políticas estructurales y las decisiones políticas que se han tomado.

Medidas universales en favor de la convivencia

Daniel Rodríguez de Blas, técnico del Equipo de Estudios de Cáritas, ha explicado que estamos asistiendo al “nacimiento de una nueva sociedad, donde la diversidad étnica ha dejado de ser un dato extraño, es lo que somos y vamos a ser, que se ha dado en precario, en los barrios populares y que comparte los mismos problemas y comparte el mismo destino, en nuestra aulas, trabajos, hogares, espacios públicos que el resto”, de modo que hablar de inmigración es hablar de nosotros mismos y nuestro propio desarrollo y nuestra sociedad y de lo que vamos a hacer. No podemos hablar de políticas de extranjería, humanitarias o sectoriales, sino de medidas universales para todos”.

“Los datos en cuanto al nivel de asentamiento familiar, los planes de futuro, las relaciones con población nativa o la autopercepción de arraigo indican que la población migrante no solo está, es que quiere estar y quiere quedarse con nosotros. Son parte de ese nosotros”, ha afirmado.

En su opinión tres deberían ser los ejes importantes de las políticas de futuro: “construir un nuevo relato que reconozca la importancia de la diversidad, no voluntarista, sino realista a partir de lo que ya somos y vamos a ser”; “unas políticas ambiciosas para la recuperación de los sectores populares y barrios populares”; y una política de gestión de la diversidad, que mejore la convivencia en el país diverso que ya somos”.

Para Rodríguez de Blas hace falta “renovar el llamamiento a la ciudadanía, a las instituciones, a los partidos, a los sindicatos y la patronal para que no se rompa el consenso mayoritario sobre diversidad para que sirva de vacuna de futuro” y el “retorno de políticas de integración que reduzcan la desigualdad entre ciudadanos, pero sin apellidos para ser inclusivas e integradoras”.

“La COVID nos ha enseñado que estamos más conectamos que nunca y hemos aprendido que la mejor forma de protegernos es proteger al otro”, por lo que ha pedido medidas de equidad que “reduzcan las incertidumbres y las inseguridades”.