El sindicato UGT reclama al Gobierno que resuelva el retraso en el pago del subsidio extraordinario para las personas inscritas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

La vicesecretaria general de UGT, Cristina Antoñanzas, y la secretaria de Políticas Sociales Empleo y Seguridad Social, Mª Carmen Barrera, han remitido una carta al director general del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, en la que expresan su preocupación por el retraso en la contestación de solicitudes y pago del Subsidio Extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar.

UGT reclama la resolución urgente de las solicitudes del subsidio extraordinario y solicita a la Administración General del Estado que proporcione los datos sobre las mismas, para tener un panorama de la situación laboral en este sector de actividad, y de las condiciones de empleo de las trabajadoras del hogar.

Además, demanda la apertura de una mesa de diálogo social para abordar la situación de este sector y la modificación de una regulación cuya insuficiencia se ha revelado, con toda crueldad, a raíz de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y sus efectos económicos y sociales.

El próximo 5 de septiembre se cumplirán tres meses desde el inicio del plazo de solicitud y se trata de un colectivo, mayoritariamente formado por mujeres, el 40% de ellas extranjeras, cuyas condiciones de empleo son precarias y con sueldos bajos.

La rama de actividad de los hogares como empleadores de personal doméstico, ha perdido 93.000 personas ocupadas, según los últimos datos de la EPA, y la evolución de la afiliación al Sistema Especial de Empleados de Hogar, entre los meses de febrero y junio es preocupante, en un sistema que pierde afiliación en alta desde el año 2015.

Por otro lado, el sindicato resalta que en este periodo ha aumentado la afiliación de nacionalidad española, mientras la extranjera ha disminuido en 49.620 personas. La pérdida de empleo puede dificultar el proceso de renovación de autorizaciones de residencia y trabajo temporales, pese a las medidas adoptadas para flexibilizar la renovación de las autorizaciones, así como la prórroga de la misma. Y recuerda la lógica consecuencia que conlleva la pérdida de empleo para un colectivo que carece de otras rentas sustitutivas del trabajo o de redes familiares de apoyo.