Proyecto ESPERANZA y SICAR cat, delegaciones de Adoratrices especializadas en trata, demandan la adecuada aplicación del artículo 177 bis del Código Penal en nuestro país para garantizar los derechos humanos, también, de las víctimas invisibilizadas del tráfico de personas.

“A pesar de los importantes progresos en los últimos 20 años, las políticas públicas adoptadas en España para luchar contra la trata contienen graves limitaciones que dificultan el acceso a derechos de aquellas mujeres que han sido tratadas con fines de explotación infradetectados e invisibilizados”, comenta con motivo del Día Mundial contra la Trata, Rosa María Cendón, Coordinadora de Relaciones Institucionales e Incidencia de SICAR cat.

El Grupo de Expertos sobre Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa  ha solicitado en numerosas ocasiones a las autoridades españolas que garanticen que la acción contra la trata de personas es integral y se dirige a todas las víctimas de la trata para todos los fines de explotación, teniendo en cuenta la dimensión de género de la trata y la vulnerabilidad particular de los niños y niñas.

En la misma línea, el reciente informe TIP Report 2020 de Estados Unidos indica que en España, a pesar de los esfuerzos, persisten lagunas en la identificación de aquellas víctimas de trata con fines de explotación más invisibilizados.

La acción contra el tráfico de personas en España resulta a menudo poco eficaz para detectar la trata con fines de explotación en trabajos o servicios forzados en el empleo del hogar, trata con fines de criminalidad forzada y trata para matrimonios forzados.

Por eso, la campaña #TambienEsTrata, impulsada por Proyecto ESPERANZA y SICAR cat, aspira a sensibilizar a la sociedad y ofrecer formación a agentes clave de los sectores públicos y privados con la elaboración de recomendaciones y propuestas de mejora en la atención a todas las víctimas de este deleznable crimen contra las personas.

Para Marta González, coordinadora de Sensibilización de Proyecto ESPERANZA, “las consecuencias de estos delitos sobre sus víctimas son profundas y alcanzan todos los ámbitos de su persona y, por tanto, necesitan una atención integral que les permita retomar el control sobre sus propias vidas. Es fundamental, pues, que estos otros fines de explotación sean reconocidos por los actores clave, y que su capacidad para detectarlos sea fortalecida. Vemos necesaria también la creación de alianzas intersectoriales que favorezcan la detección de casos para derivarlos a servicios especializados como los nuestros”.

Según el último informe disponible (2018) de UNODC, “las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual constituyeron el 59% de las víctimas detectadas en 2016. Una víctima de cada tres detectadas fue tratada para trabajos forzados, y el 7% de las víctimas detectadas fueron víctimas de trata con otros fines de explotación”.

Por su parte, según el balance 2014-2018 del Ministerio del Interior a través del  CITCO, las niñas representaron el 100% de los casos de trata con fines de matrimonio forzado, mientras que el  24% de las víctimas de trata con fines de trabajo forzado, y el 72% de víctimas de trata con fines de criminalidad forzada, fueron mujeres y niñas.

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