La crisis del coronavirus sitúa a toda la comunidad política ante el espejo de garantizar la justicia social, la dignidad de la persona y el bien común.

El derrumbe de las horas trabajadas, ocasionado por el confinamiento y el distanciamiento social, que obliga la COVID-19, tiene el efecto demoledor de hacer desaparecer fuentes del trabajo y, consecuentemente, el sustento de “1600 millones de trabajadores de la economía informal”, según las últimas estimaciones de la OIT. Para dimensionar el impacto de esta realidad, significa que, aproximadamente, la mitad de la población activa mundial —de un total de 3300 millones de trabajadores— está en riesgo de quedar totalmente descartada. Son los trabajadores y las trabajadoras más vulnerables que realizan su trabajo en sectores con mayores debilidades.

La OIT ofrece datos del primer trimestre del impacto de esta crisis de coronavirus en el trabajo, que muestras una caída de actividad que equivalen a 130 millones de empleos a tiempo completo. Para el segundo trimestre, la estimación de esta agencia de la ONU, son catastróficas al existir la probabilidad de un escenario de pérdida de 305 millones de empleo, muy por encima de las previsiones anteriores de la agencia, afectando mayoritariamente las Américas (12,4%) y a Europa y Asia Central (11,8%). 

Es el tiempo de un “salario universal” y de un nuevo pacto social

La gravedad de la situación obliga a la comunidad política a responsabilizarse y responder para que nadie quede excluido de ganarse el pan y poder sobrevivir. Sin trabajo y sin ingresos -recuerden que en la economía informal se logran día a día- los Estados tienen que actuar con urgencia. En este contexto, tiene todo su sentido la propuesta del papa Francisco de “pensar un salario universal” para los trabajadores más humildes y sus familias. Una red de solidaridad que cubra un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de las familias de trabajadores y trabajadoras. La crisis del coronavirus sitúa a toda la comunidad política —gobiernos, agentes sociales y económicos, sociedad civil, Iglesia…— ante el espejo de garantizar, desde la solidaridad, la dignidad de la persona y el bien común. Es necesario un nuevo pacto social, legitimado por toda la comunidad política, basado en la centralidad de la persona, el trabajo decente y que, además, fortalezca la democracia. Más cultura del encuentro para superar viejas recetas egoístas.

La Iglesia en este cambio de época

La Iglesia no puede quedar al margen de la justicia social y hoy, en esta realidad que sobrepasa cualquier imaginario, el respeto a la dignidad de la persona pasa necesariamente por articular decididas políticas que la garanticen y abrir nuevos diálogos y reflexiones “para el después”. En el Vaticano, con el impulso de Francisco, se ha constituido un grupo de trabajo para ofrecer la respuesta de la Iglesia en este cambio de época. Destacan dos líneas de actuación: el apoyo a las iglesias locales para salvar vidas humanas, para ayudar a los más pobres. Y, de otro lado, abordar los diálogos necesarios y reflexionar sobre lo que vendrá después de la pandemia: las consecuencias económicas y sociales… y cómo la Iglesia puede ofrecerse como punto de referencia, con un pensamiento concreto y creativo, con enfoque científico, universal y cercano a las exigencias concretas, entre las que se subraya “el medioambiente, la economía, el trabajo, la salud, la política, la comunicación y la seguridad”. 

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Foto | Movimiento de Trabajadores Excluidos, Argentina.