Cerca de 12.000 personas viven en el absoluto desamparado, tras decretarse el estado de alarma, en Huelva, Almería y Tenerife, según ha denunciado Cáritas. Son personas que ya vivían en condiciones muy precarias, en asentamientos chabolistas.

En estos lugares se da “la imposibilidad material de cumplir con lo establecido en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, en cuanto a la adopción de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”. “¿Cómo pueden hacerlo si donde habitan no pueden tener acceso al mínimo vital necesario para vivir con dignidad, con acceso mínimo al agua, la alimentación o a la salud, y malviven en barrancos, cuevas, playas, asentamientos rurales y urbanos, o casas abandonadas?”, se pregunta uno de los responsables de esas Cáritas. “Para ellos es una quimera la consigna del `quédate en casa´”, añaden.

Si las dificultades ya eran enormes antes de la irrupción del COVID-19, dada la falta de recursos de primera acogida, carencia total de alojamiento alternativo e imposibilidad de acceso a derechos humanos básicos (salud e higiene, agua potable o alojamiento digno), como detalló en su informe Paul Alston, relator especial de la ONU para la Pobreza Extrema, tras su visita a los asentamientos en febrero pasado, ahora son desesperadas.

En Tenerife, Cáritas indica que actualmente hay alrededor de 1.000 personas repartidas en varios municipios que viven en quebradas, barrancos, casas abandonadas o cuevas.

Cáritas Huelva informa que unas 2.500 personas permanecen en varios asentamientos urbanos y rurales repartidos por distintas localidades de la provincia.

En Almería, Cáritas Diocesana señala que alrededor de 8.000 viven en cortijos abandonados, asentamientos construidos con chabolas de plástico y madera, antiguas balsas y construcciones abandonadas.

Las carencias principales detectadas en esta situación son la falta de acceso al agua potable y saneamiento, falta de medidas sanitarias de prevención y contención, excepto a los kits de higiene facilitados por entidades sociales, como Cáritas, así como carencia de los kits de alimentación, según se establece en las medidas ordenadas por Ministerios de Defensa y de Derechos Sociales y Agenda 2030 respecto a personas en situación de sin hogar. El único suministro de comida son las bolsas que las entidades sociales les están proporcionando, aunque cada vez con mayores dificultades.

Ante esta situación, Cáritas ha puesto sobre la mesa una serie de propuestas, que pasan por reformar el sistema nacional de Salud, el aseguramiento de los bienes y servicios básicos, como medida de salud pública, hasta el suministro garantizado de energía y el acceso a medios de transporte.

Cáritas ha pedido la convocatoria inmediata de Mesas de Emergencia para facilitar medidas de confinamiento en asentamientos rurales y urbanos e infraviviendas ante la crisis del coronavirus, con la presencia de los tres niveles de Administración pública (local, autonómica y estatal) y las entidades sociales, con el objetivo de coordinarse en la aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas que se establezcan.

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