La situación de emergencia sanitaria ocasionado por la pandemia global de la COVID-19 apunta a que la actual crisis del trabajo, unida a una nueva crisis económica, tenga mayor profundidad y recorrido. La consecuencia más inmediata es que millones de personas serán descartadas del empleo. Es tiempo de liderazgo compartido, actuar con urgencia y determinación, proteger el empleo, a los trabajadores y sus familias.

Así se refleja en el análisis y la evaluación realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recogidas en el informe COVID-19 y el mundo del trabajo: Consecuencias y respuestas. Esta triple crisis: sanitaria, económica y laboral provocada por la extensión global de esta neumonía por coronavirus (COVID-19, en su terminología científica) “podría aumentar el desempleo mundial en casi 25 millones de personas”que se sumarían a las 188 millones de personas que ya no pueden “ganarse el pan”. El estudio advierte que esta crisis podría afectar a personas con trabajos menos protegidos y mal pagados, es decir, principalmente jóvenes, mujeres y migrantes, agravándose la desigualdad. La situación global adquiere tintes dramáticos.

Políticas coordinadas globalmente y diálogo social 

Esta emergencia laboral requiere, en opinión de la OIT, medidas urgente a escala planetaria y coordinadas que pivoten en torno a la protección de los trabajadores y las trabajadoras “en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos”. Políticas que deben desarrollar y ampliar redes de protección social, el apoyo para mantener el empleo -medidas que eviten despidos: como efectuar una reducción de jornada, vacaciones pagadas, subsidios- “y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas”. Todo un paquete de políticas que deben complementarse con otras de tipo “fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos”.

“La actual coyuntura requiere de liderazgo y determinación”, apunta -con buen criterio- Guy Ryder, director general de la OIT. “En tiempos de crisis como el que nos toca vivir, contamos con dos herramientas clave que pueden ayudar a mitigar los daños y a restablecer la confianza del público. En primer lugar, el diálogo social activo entre los trabajadores y los empleadores y sus representantes, es vital para fomentar la confianza del público y el apoyo a las medidas necesarias para superar esta crisis. En segundo lugar, las normas internacionales del trabajo proporcionan una base de probada eficacia para las respuestas de política que se centran en una recuperación sostenible y equitativa. Es necesario que en este difícil momento se haga todo lo posible para reducir al mínimo los perjuicios para las personas”, subraya Ryder.

Algunas hipótesis

La estimaciones realizadas por este organismo tripartito de la ONU indican que nos enfrentamos a un escenario de crecimiento del desempleo mundial “de entre 5,3 millones, en la mejor de las hipótesis,  y 24,7 millones, en la hipótesis más extrema”. La magnitud del problema está en las mismas coordenadas que con la Gran Recesión (2008) que provocó el aumentó el desempleo mundial en 22 millones de personas.

En esta dinámica de pérdida masiva de puestos de trabajo, el informe “prevé además un aumento exponencial del subempleo, ya que las consecuencias económicas del brote del virus se traducen en reducciones de las horas de trabajo y los salarios. En los países en desarrollo, es posible que las restricciones al movimiento de personas (por ejemplo, de los proveedores de servicios) y mercancías en esta ocasión anulen el efecto amortiguador que allí suele tener el empleo por cuenta propia”.

Este profundo impacto en el empleo de millones de trabajadores y de trabajadoras, afecta directamente a la pérdida de ingresos por la vía del salario. La OIT considera que las cifras económicas que dejarán de percibirse se sitúan en la horquilla “de 860.000 millones de dólares y 3,4 billones de dólares a finales de 2020”, que tendrá consecuencias directas en el consumo de bienes y servicios, y, por extensión incidirá a las empresas y las economías.

Estamos ante un escenario que generará un aumento de la pobreza laboral, ya que “la presión sobre los ingresos resultante de la disminución de la actividad económica tendrá un efecto devastador para los trabajadores que se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza”. La traducción en estas estimaciones son: entre 8,8 y 35 millones de trabajadores y trabajadoras más estarán en situación de pobreza laboral en todo el mundo, frente a la estimación original para 2020 (que preveía una disminución de 14 millones en todo el mundo), según el informe.