La Mesa por la Hospitalidad de la Iglesia en Madrid ha pedido a la Fiscalía General del Estado una «intervención legal» ante «la inexplicable falta de previsión» y «descoordinación» del Gobierno, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad «con motivo de la llegada de cifras muy asumibles y previsibles de personas forzosamente desplazadas que demandan protección internacional y/o ayuda humanitaria».

En el texto, firmado por el vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, José Luis Segovia, explica que ninguna de las tres instituciones, «está dando respuesta suficiente a las necesidades básicas y urgentes de estas personas». En bastantes casos, asevera, «las administraciones, con obvios deberes legales para con estas personas, se limitan a remitírnoslas sin más».

Así, recalca que son «diferentes instancias ciudadanas y eclesiales» las subsidiarias de la falta de responsabilidad administrativa. «Tenemos que dar albergue y alimentación a personas que llegan a nuestro país y que, en no pocos casos, cuentan con hijos e hijas menores de edad, personas ancianas, enfermas o con discapacidad».

Entre los acogidos en parroquias, detalla la Mesa por la Hospitalidad, hay «mujeres embarazadas o con bebés de semanas, incluso alguna mamá con ocho hijos». «Con las altas temperaturas, la desprotección de estas personas es aún más dramática», advierte.

A la falta de atención primaria se añade «la acumulación de expedientes de asilo sin resolver o dando citas que mantienen a adultos y niños en un inasumible limbo jurídico y social, desprovistos de los derechos y garantías que les corresponden».

La institución eclesial propone a «los representantes del Ministerio Público» que se instruyan «de manera completa e inmediata personándose en las dependencias del Samur Social de Madrid» y recaben información «de cuanto estamos señalando». Igualmente, se ponen a disposición «para acompañarlos a comprobar de primera mano la situación de las personas que hemos tenido que acoger».

Este escrito se suma al enviado hace unas semanas al Defensor del Pueblo.