El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha presentado el Informe Anual 2018 sobre Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) en un acto celebrado en la sede del Defensor del Pueblo en Madrid.

El informe denuncia que Marruecos y Argelia acaparan dos tercios de las nacionalidades de personas internadas en 2018; aumenta alarmantemente el número de menores en los CIE; y que los CIE siguen siendo espacios de sufrimiento, donde se acentúan las situaciones de desprotección y se vulneran derechos básicos (interpretación de idioma, asistencia legal y sanitaria, acceso a solicitud de asilo, tratos degradantes y vejatorios…).

El título del estudio, Discriminación en origen, hace referencia al trato diferencial prestado a personas de origen magrebí, que en su llegada al país pasan a comisaría policial para acabar en el CIE. Más de dos tercios (un 68%) del total de las personas internadas en 2018 eran de una de estas dos nacionalidades: marroquí o argelina. Por el contrario, desde el mes de agosto, se observa que las personas de origen subsahariano o asiático no han sido internadas en CIE, ya que en su llegada pasan a los Centros de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) y de ahí a recursos de acogida humanitaria ante la imposibilidad de efectuar su retorno al país de origen. Ya en esta fase de detención inicial de 72 horas se observan indicios de trato discriminatorio hacia las personas de origen magrebí.

Aumentan los menores de edad

En 2018 fueron internadas un total de 7.855 personas, lo que supone un descenso del 11% respecto al año anterior. De ellas, el 98% eran hombres. Más del 78% fueron internadas por la apertura de un expediente de devolución por entrada ilegal en el país. Sin embargo, de las 179 mujeres internadas, el porcentaje por este motivo se reduce al 40%.

Un total de 89 menores de edad fueron internados en CIE en 2018, según ha reconocido el Ministerio de Interior. La cifra es notablemente superior a la de 2017, cuando fueron 48 menores internos. Además, aumentaron el número de solicitudes de protección internacional desde CIE en 2018 hasta un total de 1.776, de las cuales el 30,6% fueron admitidas a trámite. La duración de la estancia en los ocho CIE del territorio se redujo ligeramente hasta una media de 26,08 días.

La cifra total de repatriaciones forzosas (suma de expulsiones y devoluciones) aumentó en un 22%, hasta 11.384, esto es, se repatriaron más de 31 personas al día durante 2018. Es considerable el aumento de ejecuciones de procesos de devolución (un 33% más que en 2017). Además, el porcentaje de expulsión y devolución desde CIE aumentó hasta el 58%.

Vulneración de derechos y episodios violentos

Los equipos de personas de las entidades de la red SJM visitaron durante 2018 a un total de 807 personas en cinco centros: Aluche (Madrid), Zona Franca (Barcelona), Zapadores (Valencia), Isla de las Palomas (Tarifa) y La Piñera (Algeciras). En estas visitas se continúan apreciando situaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de derechos: deficiencias estructurales en la mayoría de centros; falta de detección de menores de edad y de atención a personas con enfermedades de carácter físico y mental; carencias en la asistencia legal y de interpretación de idioma; limitaciones en el uso de comunicaciones; tratos degradantes y vejatorios; y dificultades y trabas en el acceso a las solicitudes de asilo. El trabajo de las ONG que visitan los CIE, junto a la observación crítica de los juzgados de control y del Defensor del Pueblo señalan la denuncia por la mejora de las condiciones de vida y las garantías de derechos en los centros.

El SJM continúa identificando serias deficiencias en la gestión de situaciones de crisis dentro de algunos CIE, así como graves episodios de violencia. Frente a esto, el diálogo que se articula en torno al trabajo de denuncia y defensa desde las entidades que visitan los centros de internamiento, junto a instituciones como el Defensor del Pueblo, los jueces de control y otras instancias de la administración, sigue resultando clave para defender los derechos de las personas migrantes.

En definitiva, se consolida el uso abusivo del internamiento, como herramienta en la lucha contra la inmigración irregular en la frontera sur, sin embargo sigue sin tener un efecto disuasorio, generando en cualquier caso mucho sufrimiento. Esta labor de denuncia se dirige a una reivindicación fundamental: el fin del internamiento y la privación de libertad, el cierre de los CIE y la necesidad de explorar alternativas más humanas que faciliten procesos de integración social.