Diversas organizaciones eclesiales venimos insistiendo y empeñándonos, con nuestra acción y en el trabajo conjunto en realidades como la Pastoral Obrera y en iniciativas como Iglesia por el Trabajo Decente, en lo importante que es situar en el centro del debate y la preocupación social y política la cuestión social, afrontar la brecha de desigualdad que sufrimos. Es esencial para afirmar la dignidad de cada persona, avanzar en justicia social y en la lucha contra la pobreza y la exclusión, problema central de nuestra sociedad. También los obispos españoles, particularmente en Iglesia, servidora de los pobres, lo han planteado con toda claridad y el papa Francisco insiste constantemente en la defensa del trabajo digno y en la necesidad de una «buena política» que lo haga posible, situando en el centro las necesidades de los empobrecidos y descartados.

Por eso, la HOAC valoramos muy positivamente la Declaración conjunta de los sindicatos CCOO y UGT, presentada el pasado 8 de enero, que muestra la valiosa labor realizada los últimos meses, sus reivindicaciones más importantes y el anuncio de movilizaciones para defenderlas. Estos sindicatos llegaron a un pacto con los representantes empresariales en el Acuerdo de Negociación Colectiva que supone, tras muchos años de retrocesos de los salarios, un importante cambio de tendencia en la política salarial: se han pactado incrementos salariales superiores a la previsión de inflación para recuperar progresivamente los salarios, incidiendo especialmente en los más bajos al pactar un salario mínimo de convenio de 1.000 euros al mes por catorce pagas. En el diálogo social que se abrió con el nuevo Gobierno sobre las últimas reformas laboral y de pensiones, tras meses de negociación, se ha llegado a acuerdos en la recuperación de derechos en aspectos tan importantes como recuperar las prestaciones para parados de más de 52 años, medidas del plan de empleo juvenil, la eliminación de algunos aspectos muy lesivos para los trabajadores de la reforma laboral (recuperar la continuidad de los convenios cuando no son sustituidos por otro, acabar con la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector, la garantía de la aplicación del convenio colectivo en la externalización productiva o subcontratación, medidas de control de la jornada laboral para combatir la utilización fraudulenta del contrato a tiempo parcial…), y en las pensiones: su revalorización según el IPC y revisión de la fórmula por la que se regula el factor de sostenibilidad, así como medidas para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, con una nueva lógica para garantizar el sistema de pensiones basada en el incremento de los ingresos y no en el recorte de las pensiones.

Pero los sindicatos se encuentran con que los empresarios son reticentes a cumplir lo pactado, especialmente en lo que se refiere al salario mínimo de convenio, y el Gobierno no firma lo negociado. Por eso plantean movilizaciones (en torno a tres ejes: negociación colectiva, diálogo social e igualdad haciendo frente a las brechas de género), que culminarán en un primer momento el próximo 8 de marzo. Lo que plantean los sindicatos es completamente justo. No es todo lo necesario, pero son pasos importantes que, además, fortalecen pilares fundamentales de una sociedad democrática y de una sana política: el diálogo social, la negociación colectiva y el cumplimiento de los compromisos adquiridos a través del diálogo. Sobre todo, nos parece especialmente importante el cambio de orientación política hacia la justicia social en la que insisten los sindicatos en la Declaración: «Las cuestiones sociales deben volver a ocupar el centro del debate social y político, evitando que las controversias territoriales e identitarias oculten la gravedad de la situación social y obstaculicen la toma de decisiones que son necesarias y urgentes».

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