Explotación, precariedad y vulneraciones de los derechos laborales están presentes en tres sectores económicos de vital importancia, como la agricultura, la hostelería y el empleo doméstico. Así lo confirma un estudio presentado por Cáritas, a partir de 917 entrevistas a personas acompañadas por esta organización humanitaria de la Iglesia en 30 provincias de España.

El informe Vulneraciones de derechos laborales en el sector agrícola, la hostelería y los empleos del hogar confirma las impresiones que tenían los voluntarios y empleados de Cáritas, a través de la relación directa con personas ocupadas en estos ámbitos económicos, que tocan en el corazón de nuestra sociedad y la sostienen, ya que se ubican en los ámbitos de los cuidados, la producción de alimentos y la organización de nuestro ocio y tiempo libre

La investigación se ha centrado en evaluar las vulneraciones de los derechos de los trabajadores en aspectos concretos, como son las condiciones económicas, el tiempo de descanso y trato laboral, y las posibles violaciones de tipo penal.

Algunas de las situaciones contrastadas son, por ejemplo, que el 30% cobra menos del salario que le correspondía legalmente; el 25% realiza horas extras sin remuneración; y el 50% de los temporeros cobran todo o parte del salario en dinero “negro”.

Especialmente preocupantes son las vulneraciones relacionadas con el Código Penal:

• Una de cada 20 personas ha recibido amenazas. En el sector agrícola el porcentaje es un 13%.

• Un 4% vio retenida su documentación. En el sector agrícola, el 12%.

• Un 12% reconoce haber recibido un trato humillante, que en el sector agrícola se dispara al 22,5%.

Trata de personas y pérdida de derechos

Una situación grave es que no se identifiquen ni, por tanto, puedan perseguirse, aquellas vulneraciones laborales y otros hechos que pueden ser constitutivos de delitos penales. En este sentido, la experta de Cáritas alertó que “detrás del 22% de vulneraciones graves de naturaleza penal que se constatan en el sector agrícola hay posibles situaciones de trata con fines de explotación laboral o trabajo forzoso”. Además, “al no ser identificadas como víctimas de un delito que supone una vulneración grave de los derechos humanos, nos impide poder ofrecer protección, asistencia, persecución y compensación de estos delitos”.

Para Cáritas esta “normalización” de la vulneración de derechos en estos tres sectores supone el fracaso del Estado para asegurar la protección de las personas trabajadoras y la garantía de sus derechos.

Junto a los resultados de la investigación, se han presentado una serie de propuestas para abordar las situaciones detectada, entre las que están la ratificación del “Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de 2011”, en virtud del cual se exige a los países que adecuen sus legislaciones para que este sector tenga garantizados todos los derechos laborales y prestaciones sociales, la puesta en marcha del Protocolo Vinculante P029 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, que entró en vigor en España el pasado 20 de septiembre , la adecuación del sistema de renovación de las autorizaciones de residencia y trabajo a personas inmigrantes a las circunstancias vitales de tales personas y la cambiante realidad de las actividades económicas.