Desde hace años, la Conferencia Episcopal Española, recogiendo un planteamiento constante en la Doctrina Social de la Iglesia, recuerda algo fundamental respecto a la condición de los migrantes, como lo que son: personas, hijos e hijas de Dios. «Todo ser humano desplazado independientemente de su origen y condición, de las causas de su emigración y de la clasificación legal o administrativa que reciba (…) es ante todo una persona sujeto de derechos y de deberes. Como tal deberá ser tratado y respetado, a la par que atendido en sus necesidades básicas» (Pastoral de las Migraciones en España, 1994, III, 1; en el mismo sentido en La Iglesia en España y los Inmigrantes, 2007, 5; y en otras declaraciones posteriores). En muchos aspectos, hacer realidad este principio básico de justicia y humanidad sigue siendo un gran reto para nuestra sociedad, pues la realidad está aún lejos de ello.

El reciente Decreto-ley del Gobierno de España^[1], convalidado por la mayoría del Congreso de los Diputados -con la excepción del Partido Popular (PP) que votó en contra y de Ciudadanos (Cs) que se abstuvo-, va en la buena dirección. Restituye el derecho a las prestaciones sanitarias, a la sanidad universal, para las personas, unas 800.000 (en particular los inmigrantes más vulnerables por su situación administrativa), que fueron excluidos de ese derecho en 2012 por decisión del Gobierno del PP. Es una decisión de justicia, la reparación de una flagrante injusticia, por más que el PP siga repitiendo el falaz argumento de que su decisión garantizó la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Muchos estudios han demostrado que aquella decisión empeoró la salud de personas muy vulnerables. Lo que ahora se ha hecho no es otra cosa que cumplir un deber de justicia. Toda persona, por el hecho de serlo y con independencia de su condición, tiene derecho al acceso todas las prestaciones sanitarias disponibles en una sociedad: la sanidad universal es un deber de justicia, algo debido a toda persona. Cualquier discriminación y exclusión en este sentido es una grave injusticia que no se sostiene. Por eso, la postura de PP y Cs es vergonzosa. Nada puede justificar decisiones que excluyan a personas de la sanidad universal. Lo único que tiene justificación es la sanidad universal. No hay que darle más vueltas.

Son muy graves algunas declaraciones a las que hemos asistido en los últimos meses, falseando a veces de forma descarada la realidad de los hechos, que azuzan los peores sentimientos de rechazo de inmigrantes y refugiados. Es una grave irresponsabilidad que algunos dirigentes políticos hagan esto, además de por ser expresión de una ideología perversa, por hacerlo en una insana e insensata competencia por los votos de ciertos sectores de la ciudadanía. Tenemos más bien necesidad de una gran tarea educativa que nos ayude a todos a comprender bien que no son posibles políticas justas si no reconocemos y respetamos, en la práctica, la igual dignidad de toda persona y los derechos inherentes a ella. De lo contrario, seguiremos haciendo, de hecho, políticas injustas e inhumanas.

^[1] RDL 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

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