El presupuesto del Estado refleja fundamentalmente sus gastos e ingresos para un año, pero con un importante matiz. Los gastos suponen un límite máximo que no puede rebasarse, mientras que el presupuesto de ingresos es una mera previsión [1].

A finales de marzo de 2018, el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 [2]. El proceso de planificación, elaboración y aprobación finaliza al ser aprobado por el Parlamento y publicado ya como Ley, en el Boletín Oficial del Estado.

Es también un documento político-estratégico que orienta la actuación de la gestión del Gobierno: ¿en qué se gasta o qué políticas se llevan a cabo?, ¿quién va a gastar y hasta qué límite?, y ¿de dónde o de quién se tiene previsto ingresar para hacerlo posible? Los PGE son también una herramienta de control interno y externo de su legalidad, eficacia, etc.

Los necesarios votos de otras fuerzas políticas, así como la movilización social, han tenido cierto reflejo en el proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno. Fundamentalmente las masivas movilizaciones por las pensiones públicas, las convocatorias feministas del 8-M o las reivindicaciones salariales del personal funcionario. Sin embargo, una parte de la oposición, el mundo sindical y otros ámbitos sociales califican las medidas de coyunturales e insuficientes principalmente para abordar las pensiones, el desempleo y la precariedad, la igualdad efectiva, la justicia en la fiscalidad, el mantenimiento del estado de bienestar.

Una primera clasificación de los PGE nos indica que un 27% se destina a operaciones financieras (fundamentalmente deuda pública) y el restante 73% a operaciones no financieras, tanto corrientes (68%) como de capital (4%). Entre las operaciones corrientes destaca el gasto de personal (5%) y fundamentalmente las transferencias corrientes (54,6%) a otras administraciones, a empresas públicas y privadas o a familias e instituciones sin ánimo de lucro. Este último es el más elevado (75% del total de transferencias corrientes), y es donde se ubican las principales partidas de política social.

Las medidas más resaltadas por el Gobierno han sido las siguientes:

• El pago de pensiones supone un incremento del 3,7% respecto a 2017 (5.188 millones más) [3].

• Subida salarial del 1,75% a los empleados públicos (600 millones más).

• Rebaja del IRPF. Los trabajadores y pensionistas que ganen menos de 14.000 euros brutos al año no pagarán IRPF, elevándose el umbral actual, que se situaba en 12.000 euros. Además, los que ganen entre 14.000 y 18.000 también tendrán una rebaja en su tributación.

• Ayudas a las familias. La deducción por gastos de guardería en el IRPF se eleva hasta 1.000 euros anuales; y a 1.200 la deducción por cónyuge con discapacidad. La deducción por familia numerosa asciende a 600 euros por cada hijo que exceda el número establecido.

• Recuperación de empleo público, elevando hasta el 100% la tasa de reposición y posibilidad de crear bolsas de empleo adicionales en sectores en los que sea necesario.

• Bajada del IVA del cine (del 21% al 10%) en las entradas a películas de cine españolas.

• Una semana adicional para el permiso de paternidad, que pasará de cuatro a cinco semanas (el coste estimado es de 250 millones de euros).

Es habitual que el presupuesto se incremente año tras año. Pero pese al incremento, en términos absolutos, del gasto público, es menor que el del PIB nominal, lo que significa que supondrá el 40,5% del PIB, el dato más bajo desde el año 2007. Una muestra de que la supuesta recuperación económica e incremento de la riqueza no se refleja en un mayor gasto público, perpetuando la pobreza y desigualdad tan elevadas que sufre nuestro país.

Además, desde un punto de vista de prioridades, los ámbitos que más suben son Defensa más)[4] (6,9%) –casi el doble que las pensiones– y Seguridad Ciudadana (6,4%). Mientras que reduce la proporción de Producto Interior Bruto (PIB) que destina a Sanidad, Educación y Protección Social. Tampoco los PGE salen bien parados en cuestiones como la atención a la infancia (pese al elevado índice de pobreza infantil existente), la lucha contra el cambio climático o inversiones para el medio rural.

Más allá del Proyecto de Presupuestos, y aun en caso de ser aprobado, lo importante será su ejecución. Entre otras cosas habrá que ver si el Gobierno acierta o se equivoca con la estimación de ingresos. Menos ingresos supondrán mayor presión fiscal en el futuro o menor capacidad aún de inversión y políticas de gasto. A este respecto, cabe decir que en 2017 se dejaron de ejecutar 44 millones en dependencia. O que hubo una inejecución del 35% del Plan de Vivienda y del 70% de lo presupuestado para investigación. ¿Cuestión de dinero o de voluntad política?

[1] Marco jurídico (concepto y elaboración): Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, complementada con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

[2] Publicado el 5 de abril en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

[3] Las pensiones mínimas suben un 3%; las pensiones contributivas inferiores a 700 euros al mes suben un 1,5%; las pensiones contributivas inferiores a 860 euros al mes suben un 1%; las pensiones no contributivas suben un 3%; las viudas mayores de 65 años y sin otra fuente de ingresos percibirán como pensión el 54% del salario que tenía el fallecido, frente al 52% actual.

[4] El Ministerio de Defensa es el tercero que más aumenta. Tiene asignada una partida de 8.453 millones de euros, lo que representa un 10,7% más que en 2017. Una subida que, por ejemplo, más que duplica la del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (4,4% con una partida de 2.275 millones) y casi triplica la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (3,8% y una partida de 3.048 millones). En el otro lado, el Ministerio que más baja es el de Empleo y Seguridad Social, pues su partida de 12.591 millones representa un 10,2% menos que en 2017.