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Reformar la ley electoral

15 marzo 2018 | Por

Reformar la ley electoral

Desde el principio de la actual etapa democrática tenemos en España un serio problema con una ley electoral que deforma la voluntad popular. Con esta no es cierto que cada voto valga lo mismo. La representación parlamentaria no se corresponde realmente con lo votado por la ciudadanía. Históricamente ha habido opciones políticas que han sufrido sistemáticamente esta falta de proporcionalidad real del sistema electoral, hasta el punto de que, en algunas ocasiones, cada uno de sus diputados necesitaba cerca de diez veces más votos que otros partidos políticos. La ley electoral ha distorsionado sistemáticamente la representación política, permitiendo formar gobiernos con una holgada mayoría parlamentaria, cuando no se tenía en absoluto tanto respaldo de los votantes.

¿Por qué no se ha reformado aún una ley electoral que distorsiona la voluntad popular? Sencillamente porque a los partidos hegemónicos desde la Transición les favorece esta situación. Reformar la ley electoral para que los parlamentos representen de forma proporcional lo votado realmente por los ciudadanos es necesario para una seria regeneración democrática. Lamentablemente depende de los partidos que no tienen ningún interés en hacerlo. ¿Serán capaces alguna vez de anteponer el interés general a su interés particular? Porque la actual situación es indecente.

Las elecciones en Cataluña son un ejemplo de la seriedad de lo que provoca la ley electoral vigente. Es un problema general, pero cuando las posturas están muy polarizadas y los resultados son apretados, los efectos de la distorsión de lo votado por la ciudadanía son más evidentes. Los datos son muy claros: los partidos que defienden la independencia de Cataluña no tienen el respaldo de la mayoría de los votantes, han obtenido algo menos del 48% de los votos; y los que no están de acuerdo con la independencia sí tienen esa mayoría, han obtenido algo más del 52% de los votos. Sin embargo, por efecto de la ley electoral, los primeros han obtenido 70 diputados y los segundos 65. ¿Tiene esto sentido? Con un sistema realmente proporcional que respetara estrictamente lo votado por la ciudadanía, la distribución de escaños hubiera sido la siguiente: Ciudadanos, 35 (no 36); Junts per Catalunya, 30 (no 34); ERC, 29 (no 32); PSC, 19 (no 17); Catalunya en Comú, 10 (no 8); CUP, 6 (no 4); y PP, 6 (no 4). Así el Parlament reflejaría lo que han votado realmente los ciudadanos y habría 65 diputados independentistas y 70 que no lo son, exactamente al contrario de lo que ahora ocurre por efecto de la actual legislación. La distorsión de la voluntad popular se ve igualmente si nos fijamos en los votos que «cuesta» cada diputado y diputada. Una distorsión que, dada la dispersión del voto, es menor que lo habitual en las elecciones generales. Cada diputado de Junts per Catalunya «cuesta» 27.889 votos; los de ERC, 29.245; los de Ciudadanos, 30.825; los del PSC, 35.685; los de Catalunya en Comú, 40.795; los del PP, 46.417; y los de la CUP, 48.811.

Desde luego, la necesaria reforma de la ley electoral no resolvería el problema político de Cataluña, que necesita, como ya dijimos en nuestro editorial del pasado mes de octubre, de una seria voluntad de diálogo, que hoy por hoy no existe en la mayoría de los partidos políticos. Si lo hemos ilustrado con ese ejemplo es porque muestra bien la importancia de corregir una situación que en España distorsiona gravemente la voluntad popular expresada en las urnas.

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