Ante el Día Mundial de la Justicia Social, 20 de febrero, no podemos olvidar que en nuestro país casi 13 millones de personas sufren desempleo, pobreza y carencia o privación material severa y más de un millón padece las tres situaciones a la vez. Un 14% de los trabajadores son pobres y todavía se registran más de 185 desahucios al día. La recuperación no se está traduciendo en mayores niveles de justicia social, del mismo modo que los años de bonanza anteriores a la crisis no acabaron con la tasa de pobreza y exclusión del 20% de la población.
Una sociedad verdaderamente justa es la que permite a cada persona, grupo y pueblo disponer de los medios necesarios, según su condición y naturaleza, para desarrollarse plenamente. Así lo entiende y lo proclama la Iglesia. La justicia social ha de realizarse en cada realidad histórica tomando partido por quienes sufren injusticia, opresión y discriminación. El compromiso social cristiano ha de pasar por tender la mano a las personas descartadas; contribuir al cambio cultural e institucional para situar las necesidades de las personas en primer lugar y construir experiencias cotidianas que anuncien y hagan posible una manera de vivir y organizarse más humana, en la que el trabajo decente, clave de humanización personal, pero también de desarrollo integral, recupere su sentido último y la centralidad que le corresponde.
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