Joaquín Arriola | Desde hace tiempo en los países desarrollados y en particular en Europa la participación de los asalariados en el valor añadido sigue una curva descendente paralela a la pérdida de influencia del entramado orgánico -es decir institucional, cultural y político- de las organizaciones obreras y socialistas en sentido amplio.

El virtual abandono de las tradicionales reivindicaciones del mundo del trabajo –trabajar menos, ganar más– a favor de programas distributivos del valor ya producido –renta para todos– y de agendas identitarias de normalización cultural, expresa en cierto sentido la impotencia para revertir esta tendencia, que es la contrapartida de la ecuación básica de la creciente desigualdad social y concentración de la riqueza puesta de relieve por Thomas Piketty: una tasa de rentabilidad del capital mayor que la tasa de crecimiento económico, que se obtiene limitando el aumento de los salarios por debajo de la tasa de crecimiento.

Actualmente en España, unos 17 millones de asalariados y falsos autónomos reciben el 55 por ciento del valor que producen. En los países más desarrollados de la UE las rentas del trabajo representan en torno al 56 por ciento del PIB –en Francia supera el 58%, pero ya tienen a Macron para resolver tamaña anomalía–.

Si hacemos un pequeño cálculo de un mes promedio, la cosa en 2016 fue más o menos así: los empresarios contrataron a unos 10 millones de asalariados y entre uno y dos millones de falsos autónomos; les pusieron a trabajar y lo que produjeron lo vendieron por un precio medio mensual de de unos 160 mil millones de euros.

Con el dinero obtenido hicieron cuatro montones: uno, para reponer el capital y los bienes gastados en la producción (unos 83 mil millones de euros; estos no se cuentan en el cálculo del PIB); otro para pagar a los empleados (remuneración de asalariados: 40 mil millones de euros); otro para pagar impuestos sobre la producción (9 miles de millones) y el resto, 28 mil millones para su consumo personal y ahorro (16 mil millones) y para nuevas inversiones, a las que destinan otros 16 mil millones al mes.

Otros tres millones y medio de asalariados son contratados por el Estado: trabajan produciendo bienes y servicios que se suministran mediante reglas de distribución acordadas más o menos democrática o autocráticamente.

El valor de lo que producen es de unos 22 mil millones de euros mensuales, y se pagan con impuestos y tasas, que se distribuyen principalmente en unos 12 mil millones de euros de rentas salariales, 6 mil millones de gastos en compras para la producción de los servicios públicos y 3 millones de rentas del capital, fundamentalmente de las empresas subcontratistas que, como los colegios concertados, no venden sus productos en el mercado sino que los distribuye el propio Estado. El acceso a estos bienes y servicios, al no venderse en el mercado, no depende de la distribución de la renta y de la consiguiente capacidad de pago de unos u otros ciudadanos.

Si tenemos en cuenta que los empresarios que se dedican a organizar la producción no superan los dos millones, es evidente que sus rentas, incluso descontadas las inversiones que llevan a cabo, son sustancialmente mayores que las de los 15 millones de asalariados. Y el trozo que obtienen crece año a año más rápido que la propia tarta de la producción.

Esto es el resultado no solo de unas reformas laborales que han debilitado la capacidad negociadora de los trabajadores, sino de un largo proceso de reforma cultural por la cual los trabajadores como tales han dejado de ser un sujeto político relevante, sustituidos por movimientos y reivindicaciones identitarias de escasa densidad espacial y organizativa.

De hecho, la mayor transformación estructural implementada por los gobiernos del PP ha sido precisamente el cambio en el régimen salarial.

Durante la expansión de los años sesenta y la crisis de los setenta estuvo vigente un régimen salarial en el cual los salarios reales tendían a crecer más que la variación en el empleo. Pero desde 1996, la participación de los asalariados en la renta se mantiene estabilizada, de modo que la parte de los salarios solo varía, en el mejor de los casos, en la misma proporción en que lo hace el empleo.

De acuerdo con esta evolución, desde que finalizó «oficialmente» la crisis en 2015, y hasta junio de 2017, la remuneración por asalariado en estos dos años y medio –hasta junio de 2017– está estancada con tan solo un 0,3% de aumento en dos años y medio cuando el PIB aumentó en ese periodo más de un 0,7%: la diferencia, ha ido a incrementar la parte de los beneficios.

Las consecuencias de este cambio son muy profundas, a pesar de que no exista una conciencia muy clara de las mismas. El nuevo régimen implica que las políticas de crecimiento se basen en una extensión de la base de empleo, pero con un estancamiento en los salarios reales. En consecuencia, los salarios diferidos de los trabajadores, en particular las pensiones, se ven sometidas a fuertes tensiones y finalmente a reducciones permanentes.

Por otro lado, la represión salarial facilita la obtención de beneficios con poco esfuerzo inversor. Se trata de un régimen que desincentiva la inversión en tecnología y en el aumento de la productividad del trabajo facilitando la supervivencia de chiringuitos empresariales de todo tipo.

Por tanto, la precariedad salarial como objetivo de la política económica ha sido todo un éxito. Pero para ser sinceros, sus promotores deberían reconocer que la precariedad laboral y empresarial, y a medio plazo la precariedad de las pensiones, son consecuencias necesarias de ese éxito.