La Comisión Permanente de la HOAC expresa su apoyo a esta movilización convocada por CCOO y UGT sumándose a la última etapa que se desarrolló en Madrid, el 9 de octubre, desde Atocha hasta la Puerta del Sol, entre las 11 y las 13 horas. Estas marchas reclaman la mejora del poder adquisitivo de las pensiones y la adopción de medidas que garanticen un sistema público de pensiones fuerte y sostenible.

La movilización comenzó el pasado 30 de septiembre desde diferentes puntos de la geografía española para confluir en Madrid el lunes 9 de octubre. Los sindicatos convocantes han enviado sus propuestas para mejorar los ingresos y así garantizar el futuro de nuestro sistema que pasan por revertir el índice de revalorización y el sistema de sostenibilidad actual así como mejorar la estructura de ingresos y obtener fuentes adicionales.

La HOAC defiende que un sistema de protección social justo es aquel que garantiza una pensión digna a las personas mayores, a las que ya lo son hoy y a las que lo serán en un futuro próximo, y que es deber de la comunidad política tomar medidas para dar respuesta al derecho de toda persona a una pensión suficiente, como derecho humano fundamental. Derecho y deber que, además, están expresamente reconocidos en la Constitución (art. 50).

El actual diseño del sistema de pensiones va en dirección contraria a la justicia, al adaptar las prestaciones al modelo económico social en lugar de transformar el modelo económico para que responda a las necesidades de las personas.

El problema no es tanto de sostenibilidad del sistema de pensiones por falta de recursos, como la falta de justicia en la redistribución y el uso de la riqueza social. Como señaló san Juan Pablo II, el problema está en que en lugar de situar los derechos de la persona trabajadora como criterio fundamental del funcionamiento de la economía, se hace lo contrario, negando un principio básico de justicia: «la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos guiados por el criterio del máximo beneficio» (Laborem exercens, 17).

Un sistema de pensiones justo debería garantizar los derechos sociales de las personas por el hecho de serlo, más cuando en conjunto existen recursos para ello; desvincular los derechos sociales del empleo hasta llegar a la universalidad que exige la dignidad de toda persona; establecer un sistema fiscal equitativo para evitar que las pensiones se financien exclusivamente con las cotizaciones sociales y cambiar el modelo económico para que el trabajo digno sea su fundamento.

Sin cambiar de raíz la orientación del modelo económico actual, basado en la acumulación de riqueza en pocas manos, la precarización de las relaciones laborales y el utilitarismo, no se podrá avanzar hacia el bien común.

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