Francisco Porcar | Un dato: el Informe de la OIT sobre «Perspectivas sociales y de empleo en el mundo» correspondiente a 2015 constata que casi la mitad de los trabajadores del mundo no tienen acceso a bienes y servicios de primera necesidad y al trabajo decente, y, en particular, que la situación de las trabajadoras es aún peor. En los últimos años han aumentado las desigualdades, también las de género. Desigualdades que incrementan la discriminación que, a su vez, reproduce la desigualdad. Muchas mujeres trabajadoras son víctimas del hecho de que cuanto más desigual es una sociedad las personas tienen menos posibilidades de mejorar su situación y son víctimas de discriminación por ser mujeres. Además, la desigualdad está cada vez más «normalizada», como si fuera un dato cualquiera de la realidad. Romper esa «normalización» de lo que es injusto y deshumanizador es esencial para combatirlo.

Un testimonio: Mónica es una trabajadora sudafricana que desde hace años participa en una cooperativa de mujeres que elaboran productos artesanales, un hecho que ha cambiado su vida. Así lo explica ella: «estoy muy feliz con mi trabajo, ya que me da libertad y protección, algo que no tenía cuando trabajaba como sirvienta o en el mercado vendiendo verdura». Es una aspiración bien sencilla, pero bien importante: tener una actividad que permita una vida digna. Es lo que no tienen muchas mujeres trabajadoras.

La desigualdad y discriminación que sufren las mujeres trabajadoras se da tanto en el empleo como en el trabajo que no es empleo, ya sea el doméstico, ya sea en otros trabajos comunitarios de cuidado. Tres ámbitos en los que, en cada uno y en su relación, es necesario romper la normalización de la desigualdad y avanzar en igualdad. Otro dato elocuente: en los llamados «países en desarrollo», pero con una tendencia igual en todo el mundo, los hombres dedican el 76% de su tiempo de trabajo en el empleo y el 24% en trabajo que no es empleo; en las mujeres esa distribución es del 34 y el 66% respectivamente. Además, en el mundo, el trabajo de cuidado no remunerado, el trabajo voluntario y el trabajo informal, sea remunerado o no, es realizado mayoritariamente por mujeres y el trabajo formal remunerado por hombres.

En el empleo muchas mujeres trabajadoras están en la franja inferior del mercado laboral, sufren más desempleo de larga y muy larga duración, más temporalidad, más empleo a tiempo parcial y peores condiciones laborales y salariales. Sufren más la violación de los derechos laborales por esa posición más vulnerable en el empleo. Su presencia en la economía informal es proporcionalmente mucho mayor que la masculina: más de la mitad del empleo informal en las manufacturas y servicios es de mujeres. La deslocalización de la producción, sobre todo en las manufacturas muy intensivas en mano de obra, que se desplazan a lugares con escasos o nulos derechos laborales, también afecta especialmente a mujeres de esos países. Particularmente, mujeres de familias pobres o muy pobres se ven a menudo obligadas a aceptar empleos con muy bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo, en la industria y en los servicios, para la subsistencia de los hogares.

El trabajo doméstico y de cuidado familiar sigue recayendo muy mayoritariamente sobre las mujeres, tengan o no empleo. Y sigue siendo un trabajo muchas veces invisibilizado y poco valorado socialmente. Los trabajos comunitarios de cuidado y para atender necesidades básicas, son también realizados mayoritariamente por mujeres en todo el mundo, especialmente en países donde es muy reducida la protección social por parte del Estado, pero también en otros donde está retrocediendo la universalidad de la protección de los derechos sociales de personas y familias, que el Estado está desplazando en parte a familias y sociedad civil. En ambos casos son una sobrecarga más para las mujeres.

Así, muchas trabajadoras se ven privadas de su derecho a un empleo por las presiones familiares y comunitarias; de su derecho a buenas condiciones de empleo por las presiones competitivas ante las que se encuentras en situación de mayor vulnerabilidad; y de su derecho a modos más justos y equitativos de compartir y asumir el trabajo de cuidado no remunerado, por una evaluación economicista que no reconoce ni los costes ni los beneficios de este trabajo.