Araceli Caballero | No conozco a casi nadie que se maraville de que, cuando abre el grifo, salga agua. Tan cotidiano y repetido es el gesto (y su consecuencia). En estas latitudes, claro, porque para alrededor de 800 millones de personas es más que un exotismo. No es que no tengan grifo; es que no tienen acceso a agua potable, aunque se trata de un derecho básico de toda persona, reconocido por la ONU. Si, además, el agua que sale del milagroso grifo puede beberse sin peligro para la salud, la cosa ya solo resulta rutinaria para las poblaciones de un exiguo número de países.

Sin embargo, no solo es imprescindible para calmar la sed, sino que universalizar el acceso a agua limpia sería, con mucho, la mejor medida que se podría tomar para garantizar la salud de las personas. Parecería, pues, de cajón que un bien así fuera público porque utilizarlo para el lucro privado resulta, como poco, indecente. Así fue durante mucho tiempo, pero vino el neoliberalismo, tan preocupado por nuestro bienestar y, a partir de los años 80, se promovieron políticas de privatización, o se impusieron, lisa y llanamente, por parte de las instituciones financieras internacionales, como parte de sus tristemente famosos «planes de ajuste». Ya se sabe: lo público no es rentable (nunca añaden para quién).

Tres décadas de tratar el agua como una mercancía para comerciar han puesto de manifiesto lo que ya se sabía: que la gestión privada no es más eficiente. La «moda» no ha pasado (el abastecimiento de unos 270 millones de personas en unos 40 países depende de compañías privadas), pero cada vez se pone más en cuestión, y en muchos lugares se hace el camino de vuelta, generalmente gracias a la presión ciudadana, como explicábamos en octubre de 2013 (nº 1.552). En 2010, el ayuntamiento de París remunicipalizó los servicios de agua, tras 25 años en manos privadas. Otros muchos lugares han realizado le mismo trayecto de vuelta (Buenos Aires, Tucumán, Cochabamba, Manila, Mali, Malasia, etc.).

Pero en otros muchos esta batalla sigue abierta. Los ayuntamientos de numerosas ciudades españolas (Madrid y Barcelona entre otras) apuestan por la privatización, abiertamente o, como en el caso de la capital, de manera subrepticia. Los sucesivos ayuntamientos llevan desde los años 80 buscando caminos para convertir el canal de Isabel II, rentable y eficiente, en una lucrativa empresa cuyos beneficios vayan a bolsillos privados. A partir de 2008 comienza la recta final de este proceso que, mediante la creación de una sociedad anónima que lleve a cabo todas las actividades que realiza el Canal y anunciando su intención de sacar a bolsa el 49% de las acciones, hace que la titularidad pública quede cada vez más difuminada. Paralelamente, se adoptan medidas como la paralización de las contrataciones y la externalización de servicios que van vaciándolo de contenido.

Parece que la reina Isabel II era muy suya; ahora su canal está dejando de ser de los madrileños.

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