Después de mucho tiempo sin hacer nada, por fin parece que la Unión Europea y el Gobierno de España han decidido dedicar algo de dinero público a combatir el desempleo juvenil. Ante años de políticas, mal llamadas de «austeridad», que han destruido masivamente empleo y han llevado a abandonar las políticas públicas de promoción del empleo, lo que se plantea ahora puede parecer positivo. Y lo es si consideramos que menos es nada. Pero este es un planteamiento bien pobre. Nos han llevado a una situación tan desesperada que parecemos condenados a conformarnos con bien poco. Pero, precisamente, el enorme drama social que vivimos reclama mucho más.

En primer lugar, porque lo que se anuncia que se va a dedicar a la promoción del empleo juvenil no son sino migajas si lo comparamos con el dinero público que se ha invertido, y se sigue invirtiendo, en rescatar al sistema financiero. No podemos conformarnos con migajas. En segundo lugar, porque es necesario preguntarse qué se va a hacer con ese dinero público, ¿solo subvencionar la contratación de jóvenes o su autoempleo? En tercer lugar y, sobre todo, porque es necesario preguntarse también qué tipo de empleo se va a promover: ¿un empleo decente, con estabilidad, en condiciones ajustadas a las necesidades de las personas, o un empleo precario, de tiempo parcial, de unos días, semanas o meses?, ¿se va realmente a combatir el desempleo juvenil o a maquillar las estadísticas del paro?, ¿se va a crear realmente empleo o a facilitar más aún la sustitución de trabajadores con empleos estables y con derechos por trabajadores con empleos precarios y sin derechos? Para quienes consideran que cualquier empleo es bueno, estas preguntas carecen de sentido. Pero lo tienen y mucho, porque las necesidades de las personas y de la sociedad no se resuelven con cualquier empleo.

Antes de la crisis los jóvenes trabajadores y trabajadoras ya eran víctimas de una muy alta precarización del empleo. Empleo precario que significa vidas precarias, con enormes dificultades para construir la vida personal, familiar, social, en condiciones decentes. La crisis (y las políticas con que se está afrontando) han agravado esa situación: más desempleo y más precariedad. Desempleo y empleo precario son dos caras de la misma moneda: personas con vidas precarias y sometidas a las exigencias de la rentabilidad económica. Por eso no podemos conformarnos con respuestas que no rompan con esa creciente precarización. De lo contrario estamos condenando al mundo obrero y del trabajo, y en él de forma muy particular a los y las jóvenes, a la precariedad permanente. No podemos conformarnos de ninguna forma con esa situación, porque es una enorme injusticia hecha a la dignidad de las personas.

Para no condenar a los jóvenes a la precariedad laboral permanente, ya sea en forma de desempleo o de empleo precario, necesitamos mucho más. Necesitamos cambiar de raíz las políticas para orientar de otra manera la economía. Para orientarla, no como ocurre ahora, desde el casi exclusivo criterio de la rentabilidad y el lucro, sino desde buscar responder a las verdaderas necesidades sociales. Entonces, sí, el trabajo podrá comenzar a ocupar el lugar que en justicia le corresponde. Ese cambio de orientación es el que haría posible tomarnos realmente en serio cosas como las siguientes: acabar con contradicciones tan sangrantes como el enorme desempleo juvenil mientras se impone el retraso forzoso de la edad de jubilación en lugar de adelantarla; caminar hacia políticas de ingresos básicos garantizados para todas las personas y familias, evitando su sometimiento a la pura lógica mercantil; avanzar en plantear qué reparto del trabajo (no solo del empleo, del trabajo asalariado) es bueno para responder mejor a las necesidades sociales, porque igual que no debería haber nadie sin ingresos, tampoco debería haberlo sin poder realizar una actividad socialmente útil; defender de verdad condiciones decentes para todo empleo; plantear políticas decididas para una distribución más justa y solidaria de la riqueza social… Porque el problema que tenemos no es de falta de riqueza, sino de una radical injusticia en su uso y distribución.