Casi todos los años, coincidiendo con la campaña de la declaración de la Renta, se reabre el debate sobre la financiación de la Iglesia. Este año, además, ha coincidido con el debate, entre otras cosas como las exenciones fiscales de la Iglesia, sobre la reforma de la Ley del Aborto, que ha llevado a algunos grupos políticos a plantear la necesidad de modificar el modelo de financiación de la Iglesia y el mismo Concordato.

Es un debate social legítimo y que, lejos de percibirlo como una «agresión», la Iglesia deberíamos acoger como una oportunidad de reflexión y de conversión hacia una mayor fidelidad al Evangelio. Ahora bien, nos parece que frecuentemente el debate se plantea de forma superficial y poco meditada. No es una cuestión de «privilegios» o concordatos. Es algo que tiene que ver con la forma en que entendemos el carácter laico de la sociedad y del Estado. Quienes defienden la desaparición de la financiación pública de la Iglesia suelen aludir al carácter laico de la sociedad y, sobre todo, del Estado. Entendemos que es necesario profundizar y dialogar serenamente en qué consiste realmente ese carácter laico de la sociedad y del Estado, para situar bien el debate sobre la financiación pública de la Iglesia, pero, sobre todo, porque es un diálogo importante para promover la laicidad, que es un bien para la sociedad.

La democracia necesita ser laica, es decir, acoger como un bien la pluralidad de cosmovisiones, ideologías y sistemas de valores presentes en la sociedad como fruto de la libertad de conciencia de las personas. Una de las bases fundamentales de los sistemas sociales democráticos es precisamente buscar la organización de la convivencia en común desde el pluralismo (lo cual implica no simplemente vivir unos junto a otros, sino la voluntad de diálogo para construir juntos) y, por tanto, no pueden fundamentarse en una única religión, filosofía o ideología. Esta laicidad es propia de la sociedad. El carácter laico del Estado debe estar al servicio de la laicidad de la sociedad. El Estado democrático debe ser garante de esta laicidad como servicio fundamental al bien común de la sociedad. El Estado debe ser laico para ser democrático; esto es: debe ser garante del respeto y promoción del pluralismo y, por ello, no puede asumir como propia ninguna ideología, filosofía o religión.

Entendida así la laicidad, consideramos que es equivocada la postura, muy extendida, de que laicidad es lo mismo que uniformidad no religiosa en la vida pública, como si la religión fuera algo privado. Creemos que no es así. La religión es una cuestión pública, no privada, porque forma parte de la misma realidad personal y social del ser humano. Negarlo es negar la realidad y, de hecho, negar el carácter laico de la sociedad que debe acoger, respetar y promover la expresión de la pluralidad de cosmovisiones como elemento positivo en la construcción de la vida social, lo cual incluye la experiencia religiosa y su expresión personal y social.

Nos parece que este es el marco en el que hay que situar el debate sobre la financiación pública de la Iglesia. Entendida así la laicidad, consideramos que es legítimo que exista una financiación pública de la Iglesia. Otra cosa es reflexionar si la forma que tiene actualmente es la más adecuada. Pero, sobre todo, nos parece que el valor de la laicidad se ve amenazado por dos posturas que expresaron bien los obispos españoles en «Los Católicos en la Vida Pública» (nn. 40 y 41): por una parte, la pretensión de quienes piensan que la Iglesia «debería imponer, incluso por medio de la coacción de las leyes civiles, sus normas morales relativas a la vida social como reglas de comportamiento y convivencia para todos los ciudadanos»; y, por otra parte, la de quienes quieren excluir cualquier intervención de la Iglesia en los diversos campos de la vida pública.

La Iglesia necesitamos reflexionar cómo vivimos realmente el carácter laico de la sociedad. Y en lo que se refiere a la financiación, buscar caminos para crecer en la responsabilidad propia en el sostenimiento de las actividades y vida de las comunidades eclesiales, para poner más y mejor nuestros recursos al servicio de las necesidades de las personas, en particular de los empobrecidos, y para crecer en comunión de bienes como signo del Evangelio y de una forma más humana de vivir.