Los sindicatos han convocado una huelga general para el 14 de noviembre. El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, explica sus motivos y lo objetivos que persigue, además de hablar de la situación de precariedad que sufren cada vez más los trabajadores.

–¿Hacia dónde nos conducen las actuales políticas de austeridad en España y en Europa?

–Nos hunden en la recesión, el paro y la desigualdad. La obsesión por el neoliberalismo, o lo que es lo mismo, la transferencia de recursos públicos al mercado y a la iniciativa privada, está provocando tasas insoportables de pobreza y exclusión social. Los responsables de la UE y el gobierno español han decidido contener el déficit y tratar de enderezar el rumbo de las cuentas públicas a costa de sacrificar las condiciones de vida de millones de personas. Han recurrido al «sálvese quien pueda».

–¿Cree posible un cambio de rumbo en las actuales políticas de austeridad y recortes?

–Parece que el desastroso balance que arrojan estas políticas no es suficiente para un cambio de rumbo, lo que me lleva a pensar que los cambios deben ser liderados por los trabajadores y los ciudadanos. La primera condición para hacer posibles los cambios es romper el yugo de los mercados financieros y de sus portavoces en los gobiernos; es decir, la política y la democracia deben dirigir los destinos de la economía y no al revés, como ocurre ahora.

–Hay quien pronostica que nuestra economía no volverá a un crecimiento ni tan sostenido ni tan abultado… ¿Llegará el momento de plantear más redistribución que creación neta de riqueza…?

–Podría parecer una excusa para instalarnos en la precariedad social y laboral. Y no lo vamos a tolerar. Hay que recuperar la inversión, la actividad económica y la creación de empleo. Si no fuera así, el Estado social quedaría reducido a cenizas, un camino que ha empezado a recorrer este gobierno. No se puede redistribuir lo que no existe. Primero hay que generar actividad, incrementar ingresos y reforzar el papel del Estado como instrumento de redistribución de la riqueza.

–¿Qué objetivos se han marcado con la huelga convocada en plena campaña electoral catalana y en coordinación con los sindicatos europeos?

–La huelga persigue, en primer lugar, exigir un cambio radical en la orientación de las políticas que se están aplicando para enfrentar la crisis, tanto en Europa como en España; reclamamos otra política que dé prioridad a la reactivación económica y a la creación de empleo, con especial atención a los jóvenes; reivindicar un cambio en el patrón de crecimiento que apueste por un desarrollo sostenible que pivote en un sector industrial dinámico y competitivo asentado en la inversión en I+D+i, y en un sistema educativo que garantice, al tiempo, calidad y equidad; nos movilizamos contra la reforma laboral, y exigimos que se refuercen las prestaciones por desempleo, que se garantice la revalorización de las pensiones y que se restablezcan las políticas sociales y el Estado de bienestar; igualmente promovemos con la huelga general la regeneración del sistema democrático y la celebración de un referéndum para conocer la opinión de la ciudadanía sobre las políticas de ajuste y recortes del Ejecutivo; y todo ello en el marco de una Jornada de Acción y solidaridad europea contra las políticas de austeridad que están conduciendo a Europa a la recesión.

Su coincidencia con la campaña electoral catalana no debe suponer problema alguno en una democracia en la que conviven con normalidad la acción social y la política.

Las claves que marcarán el éxito o el fracaso de la huelga, en esta como en anteriores ocasiones, no pueden depender de la urgencia del día después. Si la participación es masiva como esperamos pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para atender las demandas planteadas y abrir un periodo de negociación. Si no lo hace, se instalará en la lógica del descrédito y la actuación autoritaria que le acabará pasando factura con el paso del tiempo. Así ha ocurrido siempre.

–¿Qué razones creen que existen para pedir la convocatoria de un referéndum sobre las medidas de ajuste?

–No se puede concurrir a las elecciones con un programa y gobernar con otro. Los sucesivos programas de ajustes del gasto han comportado severos recortes y eliminación de derechos que están quebrando el modelo de convivencia de la transición democrática. Nada de eso se anunció en campaña electoral. La legitimidad de las urnas ha de entenderse como un contrato social con los electores y si este se rompe es necesario que la ciudadanía se pronuncie. El referéndum es imprescindible para recuperar la legitimidad perdida.

–¿Hasta qué punto los grandes sindicatos, el suyo en particular, son responsables de no haber alertado de la efímera prosperidad del ladrillo y de no haber apostado por otro modelo?

–Se nos puede acusar de cualquier cosa –como de hecho ocurre– pero no de esto. CC.OO. lleva una década advirtiendo de la vulnerabilidad de un modelo de crecimiento que se aprovechó del ladrillo y de los servicios de bajo valor añadido para generar empleo masivo, pero precario y de baja calidad. Con la misma rapidez con que se creó se ha perdido y así en la actualidad acariciamos los seis millones de personas en paro. Dijimos sin mucho éxito que había que transformar el modelo productivo español y dar el paso a un nuevo patrón de crecimiento en el marco de una economía menos vulnerable a los cambios de ciclo. Un modelo, efectivamente, más social y sostenible. El mérito de esta reflexión es haberla hecho cuando este país parecía ir «viento en popa».

–¿Qué autocrítica hacen en su sindicato por el papel jugado en los años del boom inmobiliario y por la pérdida de credibilidad ante una parte importante de la clase trabajadora?

–La autocrítica hay que orientarla a nuestra escasa capacidad para canalizar las demandas de los trabajadores ubicados en sectores fuertemente afectados por la crisis, y especialmente entre el amplio colectivo de las personas sin empleo. Analizamos bien la evolución de la economía, pero no hemos sabido trasladar la reflexión a la acción sindical diaria y a la necesaria renovación de nuestras estructuras de organización. Será uno de los principales objetivos de nuestro próximo congreso en febrero de 2013.

–¿Cómo abordan la realidad y la cercanía a las «víctimas» del mundo obrero?

–Nos ha faltado meternos de lleno en el universo particular y difícil de estos colectivos, que han sido golpeados por la crisis con especial virulencia. Sin embargo, no hemos sabido actuar con la suficiente claridad como para habernos convertido en una organización de referencia. CC.OO. sí compatibiliza, ahora y siempre, la defensa de los intereses de los trabajadores y la promoción de un modelo social más justo y sostenible. Es nuestro ADN: somos un sindicato sociopolítico, y será difícil, por no decir imposible, encontrar en acuerdo, una lucha, una mejora de los sistemas públicos de protección social en los últimos 35 años que no lleve la firma y el protagonismo de CC.OO. Hemos reforzado en los últimos años las redes de colaboración con el más amplio tejido asociativo para atender mejor y más eficazmente a las personas peor tratadas por la crisis. Paralelamente, el sindicato ha intensificado la acción sindical en la empresa y aborda su mejor implantación en el ámbito territorial (barrios, pueblos, polígonos industriales…) para evaluar las consecuencias de la crisis y encontrar las alternativas más justas y eficaces.

–¿Cómo le está afectando el recorte de dinero público a su sindicato?

–El Gobierno ha emprendido una verdadera cruzada contra el movimiento sindical. Lo ha hecho al rebufo del populismo contra el ejercicio de la política que emerge en nuestra sociedad. Ha cortado de raíz ayudas y subvenciones públicas dirigidas a formar a los trabajadores y a la negociación colectiva. Pero hemos superado épocas más difíciles y saldremos airosos de este atropello. Las cuotas del 1,2 millones de afiliados y afiliados a CC.OO. garantizan una potente acción sindical y reivindicativa. La fuerte destrucción de empleo ha detenido nuestro crecimiento afiliativo, pero no ha provocado índices reseñables de desafiliación. Lo que sí se ha producido es un cambio en el modelo de cotización al sindicato (cuotas de activos que pasan a ser cuotas de personas en paro, aumento de las cuotas de jubilados…).

El sindicato ha ensanchado su campo de intervención en la sociedad y ha establecido sólidos lazos de colaboración con un amplio entramado de organizaciones sociales, culturales y profesionales. La constitución de la Cumbre Social es un ejemplo de lo que digo: cerca de 200 organizaciones de naturaleza muy diversa actuando unitariamente con el movimiento sindical para denunciar los planes de ajuste y los recortes del Gobierno. Ello nos acerca también al trabajador más golpeado por la crisis.

–Ante el descrédito de las instituciones, ¿qué valores del movimiento obrero podrían ser útiles en el futuro?

–Un valor del movimiento obrero consiste, precisamente, en recuperar el crédito de las instituciones democráticas. Sabemos mejor que nadie lo que costó conquistar la democracia y tenemos ahora que renovar y reformar las instituciones que la representan. El movimiento obrero, seguirá, no obstante, invirtiendo en solidaridad, justicia social e igualdad para hacer frente a este vendaval de liberalismo que nos invade. Nunca nos vamos a resignar. Lucharemos para tener una sociedad crítica y dispuesta a rebelarse contra todo tipo de injusticias.

–¿Dónde situaría las líneas rojas de los derechos que no deben perderse y dónde la nueva frontera de las conquistas por conseguir?

–Las líneas rojas ya las ha cruzado este Gobierno. Entre los derechos que no deben perderse está todo aquello que da sentido al Estado de bienestar todavía en pie y a los propios servicios públicos, en ambos casos fuertemente deteriorados por las políticas del Gobierno.

La nueva frontera de las conquistas por conseguir deberá responder a una combinación de los derechos que hay que recuperar (equilibrio de las relaciones laborales, negociación colectiva, empleo y protección social) y los que ya reivindicamos: empleo con derechos, formación y un Estado de bienestar más sólido que resista los avatares de las crisis, para que las personas y no los indicadores macroeconómicos sean lo importante.