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Manuel Martín, FADSP: «La gente no va a tolerar que les dejen sin sanidad»

08 mayo 2012 | Por

Manuel Martín, FADSP: «La gente no va a tolerar que les dejen sin sanidad»

Manuel Martín, médico de familia en Marín, en Xeixo, junto a Pontevedra es, desde el año pasado, el presidente de la FADSP. Con un máster en Salud Pública por la Universidad de La Habana, y experiencia como docente, se ocupa ahora de poner voz a las reivindicaciones de quienes defienden la Sanidad Pública.

–Usted ejerce la medicina en Galicia, precisamente, una de las comunidades autónomas pioneras en aplicar nuevos modos de gestión sanitaria…

–Aquí se hizo el primer experimento, el Hospital de Verín, utilizando el modelo de fundación, que no había sido ideado para gestionar hospitales públicos. Había mucha gente encantada con aplicar los modelos de gestión y provisión privados que se habían puesto en marcha, por ejemplo, en el Reino Unido con Margaret Thatcher. Desde el principio, todo fue un problema, porque funcionaba con menos recursos, menos personal, menos camas y al mismo tiempo necesitaba dar beneficios. La actividad asistencial era un 25% menor que en centros parecidos de la red pública, se derivaba más, el doble de pacientes, a otros hospitales públicos en la búsqueda del cliente perfecto (con tratamientos fáciles, menos costosos). Además, también se redujo la actividad quirúrjica. Sin embargo, costaba más dinero y generaba un endeudamiento muy importante.

Hubo también otro experimento en Galicia, con el METEC, una fórmula para gestionar privadamente los servicios de alta tecnología de la sanidad (radiología, radiodiagnóstico y cirugía cardíaca) en el Hospital del Meixoeiro en Vigo. Estos servicios se cedieron a sociedades anónimas, a pesar de que la inversión había sido pública. Fue un fracaso, multiplicó el coste de las pruebas y fue un escándalo porque se murió gente, en el afán de ganar dinero y reducir costes. El quirófano de cirugía cardíaca llegó a funcionar sin las condiciones adecuadas y apareció un hongo. Al final, también se reintegró al sistema público.

–Ahora se utiliza más el llamado modelo público-privado en los hospitales…

–Otros modelos han sido las concesiones de obras públicas, como el de las autopistas. Una empresa o grupo de empresas recibe la concesión de la construcción de la obra y durante años explotaba su funcionamiento para rentabilizar la inversión y ganar dinero. Pasado un tiempo, teóricamente, la infraestructura pasa a manos del Estado. Eso se usó en Alcira (Valencia), se concedió la gestión del hospital a un conjunto de empresas privadas, que normalmente están formadas por una entidad financiera que adelanta el dinero, empresas constructoras, que hacen la obra, y aseguradoras privadas, que gestionan el recurso. En Alcira la gestión privada era total. Lo que la administración valenciana pagaba, no les salía rentable y fue devuelto a la red pública. Después de pagar la indemnización por rescindir el contrato y pagar las deudas generadas del hospital, fue devuelto a estas entidades, pero pagando más por cada paciente atendido que antes. Trasladaron a nuevos hospitales, como el de Elche y de Manises, este modelo de gestión.

–Madrid tampoco se queda corta…

–Esperanza Aguirre en Madrid copió el modelo, para construir los nuevos siete hospitales que había prometido en campaña electoral. Los consorcios empresariales se encargaron de la construcción, pero la asistencia sanitaria se ha mantenido pública. Los hospitales son más pequeños, con menos camas y menos personal, que los públicos, pero costaban siete veces más. Si el coste inicial de la obra estaba previsto en 700 millones de euros, el coste total a pagar en 30 años ascendía a casi 6.000 millones. No puede ser de otra manera, para garantizar los beneficios de la inversión, pagar los gastos de construcción y asesoramiento, retribuir generosamente a los accionistas y sacar beneficio, la única medida de ahorro que queda es reducir personal y servicios.

Y han seguido adelante, con todo privatizado, la gestión sanitaria también. Los hospitales de Madrid han generado un montón de quejas, reducen la actividad, han descendido en 1.000 el número de médicos de la Comunidad Autónoma, ya que se han absorbido el personal que había en los hospitales que existían y se amortizaban las bajas, sin hacer nuevas incorporaciones.

–¿Seguirá la privatización de la sanidad?

–En Galicia se va a abrir un nuevo hospital. En principio aquí iba a ser Ribera Salud la que se llevara la concesión, pero ahora está en quiebra, y se lo ha cedido a Capio, que ya controla la Jiménez Díaz en Madrid. Como los que tienen que adelantar el dinero son los bancos, especialmente las cajas de ahorro de cada comunidad, y ahora están siendo rescatadas, hay problemas de viabilidad. La locura es total. El Estado, que no tiene dinero, da créditos ventajosos a las cajas y bancos, para que éstos a su vez se lo cedan a las aseguradoras y constructoras que se encargan de los hospitales, de los que esperaban obtener un montón de beneficios. Suena a robo a mano armada.

–¿En que medida el PSOE también es cómplice de la degradación de la sanidad pública al votar la ley 15/97 y recurrir también en las comunidades que ha gobernado a fórmulas de colaboración privada?

–Se puede hablar de connivencia. A pesar de ser una ley aprobada por Aznar, contó con el apoyo parlamentario del grupo socialista. Esta ley venía a recoger todas estas nuevas formas de gestión y de provisión de servicios que estaban funcionando con una legislación inapropiada. Prácticamente, en ella se daba carta blanca a cualquier invento de las comunidades autónomas. Hay también ejemplos de cómo administraciones socialistas llevaron a cabo proyectos de este tipo: en Baleares, con el hospital de Manacor, diseñado inicialmente por el PP e inaugurado después con el gobierno encabezado por el PSOE; en Andalucía también se han puesto en marcha fórmulas de gestión privada de servicios públicos sanitarios. Es verdad que lo hacen con más cautela pero a la postre viene a ser lo mismo: hacer creer que la gestión pública es menos eficiente que la privada. Lo cual es mentira. Los ciudadanos lo pagan doblemente, con sus impuestos, que suben, y por la peor atención que reciben.

–¿Por qué, entonces, existe la idea de que lo privado es más eficiente, si los datos muestran otra cosa?

–No es verdad que se persiga mejorar la eficiencia y el ahorro. Lo que buscan es que el sector privado pueda hacer negocio con lo público. Es una política que puso en marcha en 1987 la propia OMC y el BM que decían que había que privatizar, liberalizar en su jerga, los servicios públicos. Es lo que ha pasado en Europa, donde se ha laminado el sector público. Decidieron que había que abrir espacios de negocio al sector privado y para eso había que destruir el monopolio público. Todo el sector empresarial y económico de cada país, las grandes multinacionales, están empujando con fuerza.

–¿La colaboración privada contiene la deuda pública?

–Hay que tener en cuenta que el presupuesto sanitario es de 62.000 millones, el 7% de gasto público y un 9% de gasto privado. Es mucho dinero. Ahora que el negocio inmobiliario está en crisis, se meten en sanidad, donde la población paga mucho a través de los impuestos. Se cargan así un sistema que hasta ahora era de los más eficaces y eficientes del mundo. Somos de los países europeos que menos dedica a Sanidad, tanto en proporción al PIB como en gasto por habitante y tenemos un servicio universal, somos una potencia en transplantes, contamos con una atención sanitaria primaria y hospitalaria muy avanzada… Desde luego que tenemos problemas, pero si lo comparamos con otros países, resulta que estamos entre los mejores. La Unión Europea limita nuestra capacidad de endeudamiento, salvo si es a través de la fórmula de colaboración público-privada. Con esta fórmula, no se computa el endeudamiento. Aunque lo pagamos igual. Lo que pasa es que se paga a través del capítulo dos, de gasto corriente, y no en el sexto, de inversiones, de los presupuestos.

–¿Cómo se ha generado la deuda sanitaria de entre 15.000 y 22.000 millones de euros?

–Son las facturas sin pagar en el cajón y la hipoteca de la mala gestión. Claro, se presupuesta por debajo del gasto real y no se paga la diferencia. Los proveedores ven que no les pagan todo lo que habían adelantado a la administración en forma de farmacia o equipamiento. A pesar de la eficiencia de nuestro modelo público, hay que tener en cuenta que también sufrimos el acoso de la medicalización de manos de la industria farmacéutica y de lo que yo llamo la electromedicina para sacarle un dineral a la administración pública. Somos uno de los países que más resonancias hacemos, que más TAC tienen…, cuando muchas veces son pruebas que no estarían indicadas y nuestro gasto farmacéutico supone el 30% del gasto sanitario total cuando en Europa se gastan el 15%.

–¿Qué hace la FADSP en estos momentos para evitar la privatización?

–Nacimos en el año 81 cuando, tras la transición, se empezaba a debatir el modelo de sanidad. Nuestra apuesta fue por un sistema nacional de salud, a cargo de impuestos progresivos, con servicios universales. Funcionaba así en el Reino Unido y conseguimos que se aplicara así en nuestro país. Hoy vamos en la dirección contraria. Creemos que para hacer frente a la privatización tiene que haber una alianza entre todos los afectados: los ciudadanos, que al final van a tener que pagar más dinero y se van a ver privados de un buen sistema sanitario; y los trabajadores sanitarios, que han visto como sus condiciones de trabajo han empeorado. Los sindicatos representan los intereses de los trabajadores en su conjunto, tanto los sanitarios, como los del resto, quienes después de todo cobran un salario en especie que es la atención sanitaria.

Entendemos que en este contexto, debemos unirnos las organizaciones sociales representativas de los ciudadanos (asociaciones de vecinos, de pacientes, de mujeres, de colectivos sociales…), los sindicatos, las organizaciones profesionales y los partidos políticos dispuestos a defender el Estado Social… Esas alianzas se traducen en las plataformas por la Defensa de la Sanidad Pública, entidades que trabajan en red, sin estructura jerárquica, con objetivos consensuados previamente. Debemos convencer a más gente, porque no podemos tolerar la pérdida de nuestros servicios públicos. La sanidad es muy importante, es algo muy visible y su pérdida es algo muy sensible para la sociedad. La gente no va a tolerar que les dejen sin sanidad.

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