–¿Cómo surgió la idea de realizar esta investigación?

–Vimos la importancia de detectar los posibles cambios producidos en los últimos años en el mundo penitenciario, sobre todo después del endurecimiento generalizado que afectó al sistema penal español a raíz de las reformas de 2003. En esta ocasión no hubo obstáculos por parte de la Dirección General, que se brindó a colaborar en la distribución de las encuestas. Los 1700 cuestionarios contestados, más del 50% de las enviadas, constituyen una muestra muy representativa y fiable de las personas presas. Lo más significativo es que con este estudio se trata de dar la voz a un colectivo humano bastante silenciado y desconocido.

–¿Qué cambios destacarías respecto a la situación descrita en 1997 en la encuesta «Mil voces presas»?

–Un primer cambio es la elevación de la población reclusa. Sobre todo porque no hay correlación en absoluto con la evolución de la delincuencia, sino todo lo contrario. España es primer país de la UE en presos y, sin embargo, permanece bastante por debajo de la media en la cifra de criminalidad. Un cambio positivo es la actitud más pro «tratamental» del actual equipo directivo. Sin embargo, todos estos cambios son todavía insuficientes y se ven muy complicados por el hacinamiento carcelario y la falta de una mínima atención individualizada de la que estamos a años luz. En otro orden se detecta un endurecimiento del régimen. Probablemente la «cuestión seguridad» funciona como legitimador de cambios negativos. En la actual encuesta aparecen datos preocupantes como las serias dificultades que tienen para personalizar la celda (algunos refieren problemas para conservar fotos personales y muchos más para contar con póster), como el 94% de personas son desnudadas íntegramente sin facilitarles la preceptiva bata, la sistemática falta de confianza en la «prosperabilidad» de sus denuncias contra abusos.

–Sigue habiendo muchas personas presas por delitos relacionados con las drogas, ¿ha cambiado el panorama al respecto en los últimos años?

–Todavía es muy significativo el número de personas en prisión que padecen drogodependencia. Lo que sí ha ocurrido es que se va dando un cambio de perfil. Hoy no es la heroína la droga reina como hace años. Pero sigue siendo verdad que, de otra forma, las sustancias tóxicas están detrás de muchas personas encarceladas; pensemos incluso en los cerca de 1.000 condenados por delitos contra la seguridad del tráfico vial… Se ha avanzado en lo «tratamental», pero todavía son claramente insuficientes los programas integrales de atención al drogodependiente. No se puede reducir todo a darle la dosis de metadona diaria. No menos importante en materia de drogodependencias (y en todo) es la insuficiente coordinación con recursos terapéuticos y sociales externos, sobre todo –como ocurre con la mayoría de los penados– cuando se cumple la pena «a pulso» y sin haber tenido oportunidad de conectar con dispositivos asistenciales (en permisos, régimen abierto…).

–¿Cómo resumirías la visión que, en general, tienen las personas presas de la cárcel?

–Lógicamente de una estancia «involuntaria» no cabe esperar una valoración muy positiva acerca de su hábitat. Sin embargo, sorprende la capacidad de objetivar que tiene buena parte de los que responden. Eso da una credibilidad objetiva a los resultados de la encuesta importante. Su valoración del sistema penal no es positiva pero no tanto por haber sido objeto de una sanción sino por haberse sentido cosificados. En algún caso, después de escuchar la sentencia condenatoria, el reo ha dado las gracias al Tribunal por «haberme tratado como a un ser humano». Eso es lo que la mayoría echan en falta. La falta de reconocimiento.

–¿Cuál sería el perfil medio de la persona presa?

–La radiografía del preso español nos mostraría a un varón (90%), relativamente joven (36,81 años de edad media), sin trabajo fijo o con trabajo de muy escasa cualificación, hijo a su vez de trabajador poco cualificado, con bajo nivel educativo y procedente de familia numerosa. Algo muy significativo que revela la reproducción social de los dinamismos de exclusión social: casi una tercera parte tiene o ha tenido familiares en prisión. Es preocupante el incremento de personas con serios trastornos mentales no detectados ni tratados con anterioridad junto con el de otros colectivos especialmente vulnerables (ancianos, discapacitados, personas con necesidades especiales…) para los que desde luego la prisión no está pensada ni en absoluto preparada. La cárcel no es su sitio.

–Respecto a la cada vez más creciente presencia de personas presas extranjeras, ¿cómo está cambiando la realidad carcelaria? ¿Cómo perciben la cárcel estos presos?

–Según el estudio, cerca de un 35% de las personas privadas de libertad son extranjeras. La mitad de ellas se encontraba en situación regular y la otra carecía de papeles. La prisión les afecta por partida doble: la condición de extranjero, sobre todo si no conoce el castellano y carece de apoyo familiar, constituye un elemento de desarraigo y vulnerabilidad de primer orden. Aunque debiera regir el principio de no discriminación, en la práctica encuentran muchas más dificultades para que les sean concedidos los permisos o la progresión de grado a pesar de que el estudio revela que se fugan menos los extranjeros que los nacionales. Al final, además de la condena penal les aguarda la expulsión. Por otra parte, la falta de comunicación con sus familias, especialmente cuando viven lejos, es un auténtico tormento para muchas personas presas. No quiero dejar de señalar al colectivo de mujeres extranjeras que aun careciendo de antecedentes y con muy escasa peligrosidad, sin embargo cuentan con condenas muy desproporcionadas y son tratadas con un rigor desmedido.

–Uno de los aspectos más duros de la cárcel es el Primer grado y el aislamiento ¿cómo lo describen los presos?

–Aunque ha disminuido el número de personas en este régimen y se ha tratado de humanizarlo, considero que lo más grosero es el hecho mismo de su existencia. Es contrario a la dignidad humana que la legislación permita el sometimiento por tiempo indefinido (que podría coincidir con la totalidad de una condena de muchos años) de una persona a este régimen tan despersonalizador y violento. Si se trata a un ser humano como a una bestia rabiosa durante años no debería extrañar el tipo de respuesta que cabe esperar. El régimen disciplinario (como sanción) impide imponer más de 42 días consecutivos de aislamiento. Sin embargo, «por el bien del preso» puede estar por años indefinidos… La inexistencia de un límite concreto temporal permite jugar con la falacia de que son razones «tratamentales» las que lo imponen.

–¿Cuáles son «las malas prácticas» de los funcionarios y del sistema que más denuncian las personas presas?

–Junto con el desnudo integral se refieren casos de malos tratos y utilización abusiva de los llamados medios coercitivos (porras, «sprays»). Sin embargo lo que más llama la atención es que buena parte de estos comportamientos se atribuyen (doblan las respuestas) a las fuerzas y cuerpos de policía durante la detención. Con todo, algunos señalan explícitamente «me introdujeron una defensa “goma” en mi parte trasera», «me reventaron a palos», «engrilletamiento de pies y manos a la cama». Sin embargo la falta de fe en la «prosperabilidad» de la denuncia hace que sólo uno de cada cuatro la lleve a cabo.

–¿De lo que dicen los presos qué propuestas de transformación del mundo carcelario y penitenciario se puede extraer?

–Uno de los problemas del sistema penal (y del mismo Derecho penal) es su autismo. Interactúa muy poco con otros sistemas y disciplinas, y no tiene en cuenta en absoluto a los actores principales. Si el sistema no considera a la víctima (la avasalla, no atiende sus necesidades y, en ocasiones, la obliga a actuar contra ellas), no extraña que no dé la palabra a los presos. Este estudio trata de obviar este ninguneo. Existen múltiples críticas y denuncias de cuestiones de política criminal, derechos humanos, régimen y tratamiento que deben ser atendidas. Sus respuestas evidencian la importancia de vincular políticas sociales niveladoras de asimetrías a la política penal, la necesidad de asegurar el acceso a la cultura, a la sanidad (tercermundista en materia de salud mental), a la vivienda, el apoyo a las familias precarizadas, etc. Quizá lo más sugerente es el mundo de posibilidades que apuntan, sin llamarla por su nombre, relativas a la Justicia Restaurativa. La disposición de muchos presos y presas al diálogo sincero, a la petición de disculpas a las víctimas y la reparación del daño causado constituye una valiosa crítica al sistema vigente que ha sustituido el diálogo por el interrogatorio y la verdad de lo sucedido por presunciones formales, para culminar en una suerte de violencia institucionalizada y tarifada que no satisface absolutamente a nadie

–¿Qué hace la Iglesia por los presos?, ¿qué más debería hacer?

–Una de las sorpresas agradables del estudio ha sido la excelente valoración que merece a las personas presas la tarea de la Iglesia en el medio penitenciario. En efecto, contrasta la opinión positiva que tienen los internos, con independencia de sus creencias religiosas, con la percepción social de la sociedad civil. A ello contribuye su intento de dar una respuesta integral a las necesidades de las personas presas. Además de atender la dimensión espiritual y religiosa de las personas encarceladas, se procura contribuir a la satisfacción de todas sus necesidades sociales y jurídicas. En el «debe» está pendiente que esta tarea no sea un empeño voluntarista de un sector especializado de la Iglesia sino que sea vivida como un ministerio que debe ocupar a todas las parroquias, diócesis, movimientos y cristianos en general. Seguramente, así desaparecería la escandalosa paradoja de que, en ocasiones, sean los medios de comunicación y algunos operadores más confesionales los que sostienen las posturas más crueles e inhumanas, alejadas del modelo de Justicia Restaurativa por el que apuesta el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia.

–¿Cabe esperar un aumento de la población reclusa debido a la crisis que atravesamos?

–A corto plazo no lo creo. Por una parte, porque hemos alcanzado unas cotas difícilmente superables. Por otra, porque la reforma que ha entrado en vigor en diciembre de 2010 tiene la indisimulada intención de revertir la desproporcionada represión punitivo-populista de los últimos ocho años. Finalmente, a pesar de la crisis, el año 2009 no ha conocido un incremento de las cifras de delitos, sino más bien lo contrario. Ello se ha debido al papel de colchón social que ejerce la familia, la existencia de unas bolsas muy importantes de economía sumergida y el mantenimiento de algunas prestaciones sociales. No obstante todo lo anterior, la persistencia de la crisis y el incremento de la precariedad personal y social podrían generar un cierto repunte de determinados delitos que habían disminuido espectacularmente en los últimos años (robos en comercios o en vehículos, robos con intimidación, etc.).