Francisco Porcar | La Oficina de la OIT en Brasil ha hecho un llamamiento a una distribución de las tierras para combatir el trabajo forzoso en el país. Este llamamiento se produce después de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ante la que intervino la Confederación Sindical Internacional, CSI) que reconoce la responsabilidad del Gobierno en la protección de los trabajadores frente al trabajo forzoso y decreta que debe hacerse cargo de indemnizar a 125 personas que fueron víctimas de esclavitud en una hacienda del estado de Pará.

La sentencia es muy importante en unos momentos en que el Gobierno de Temer está mostrando carecer de voluntad política para poner fin al trabajo forzoso. Desde hace décadas, trabajadores brasileños han sido explotados y mantenidos en la extrema pobreza por terratenientes en el noreste del país. Bajo las presidencias de Lula y Rousseff se hizo un gran esfuerzo en la lucha contra esta situación y más de 44.000 personas fueron liberadas de la esclavitud. Pero desde que Rousseff fue destituida y sustituida por Temer, ese esfuerzo es nulo. Los terratenientes y la agroindustria son muy poderosos y ya en 2014 lograron que el Tribunal Supremo prohibiera la publicación de una lista de compañías que se beneficiaban de la esclavitud. Parlamentarios brasileños muy activos en la destitución de Rousseff están acusados de ser responsables de recurrir a la esclavitud, aprovecharse de ella y otras prácticas corruptas: 30 de los 81 senadores y 130 de los 531 diputados están implicados en investigaciones penales en ese sentido.

La secretaria general de la CSI, Sharan Burrow, valora así estos hechos: «Poderosos terratenientes son responsables de la existencia de esclavitud en Brasil, y esta sentencia exige cuentas a las autoridades en cuanto a la protección de los trabajadores frente al trabajo forzoso. Con las medidas del Gobierno de Michel Temer, revocando numerosas leyes laborales y su aplicación, muchas más personas corren el riesgo de quedar atrapadas en situaciones de trabajo forzoso. Entre tanto, los perpetradores, incluidos actuales miembros del Parlamento, escapan a la justicia. Una justa distribución de las tierras y la plena aplicación de la legalidad son cruciales para poner fin a la esclavitud en Brasil».

Entre las medidas regresivas del Gobierno de Temer, destaca su proyecto de reforma laboral, que ataca frontalmente derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Todas las grandes centrales sindicales de Brasil rechazan de plano esta reforma y la federación sindical internacional IndustriALL ha sido muy contundente al respecto: «Es lamentable que un gobierno sin voto popular, golpista, venga a proponer reformas que quitan derechos históricos a los trabajadores y trabajadoras».

Tres son los aspectos más lesivos de la reforma laboral. En primer lugar, su pretensión de reformar la Constitución para modificar el sistema de pensiones y aumentar la edad de jubilación. Según estudios sindicales, con esta reforma gran parte de la población quedaría fuera del sistema de seguridad social, se debilita el sistema público de pensiones y aumenta la vulnerabilidad social, la pobreza y la desigualdad. En segundo lugar, la pretensión de extender la jornada laboral, estableciendo legalmente que se puede llegar a trabajar hasta doce horas por día, con un máximo de 48 horas semanales. En tercer lugar, la extensión de la precariedad laboral al permitir contratos temporales más largos, pasando del máximo actual de 90 días a 120.