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Pensiones suficientes: un deber de justicia #Editorial1592

13 febrero 2017 | Por

Pensiones suficientes: un deber de justicia #Editorial1592

Si el Gobierno continúa con su uso abusivo del Fondo de Reserva de las Pensiones lo agotará este mismo año. Esto no era algo inevitable, es fruto de una opción política: el Gobierno tenía y tiene otras posibilidades para incrementar los ingresos, tanto a través de las cotizaciones sociales (su peso en España es del 12,3% del PIB frente al 15,3% en la zona euro y el 13,2% en el conjunto de la UE), como de los impuestos (los ingresos fiscales en España están 6,8 puntos por debajo de la media de la zona euro y 5,4 por debajo de la media de la UE).

Pero este hecho solo es un síntoma de un problema mucho más grave de cara al futuro. La opción política que se ha hecho respecto al sistema de pensiones va en la dirección contraria a la de la justicia, pues parte de un supuesto injusto: hay que adaptar el sistema de pensiones al nuevo modelo económico-social (el de la especulación financiera, la máxima rentabilidad a costa de lo que sea, el empleo precarizado, el debilitamiento de los derechos sociales…), en lugar de a lo que sería justo: transformar el modelo económico para que responda a las necesidades sociales.

En el caso del sistema de pensiones, esto se traduce en el objetivo de contener y reducir el gasto para lo que, a través de las sucesivas reformas, se está haciendo cada vez más difícil poder acceder a una pensión digna. Con esas reformas y con la continuación del actual modelo económico y laboral de precarización del empleo, en el futuro muchos más trabajadores tendrán pensiones más bajas, del todo insuficientes. Ahora, una cuestión que muchas veces se olvida, ya sufren esa situación más de la mitad de los pensionistas. Se está faltando a un básico deber de justicia, el de garantizar una pensión digna a las personas mayores, a las que ya lo son hoy y a las que lo serán en un futuro próximo. Este es un deber de la comunidad política vinculado al derecho de toda persona a una pensión suficiente, como derecho humano fundamental. Derecho y deber que, además, están expresamente reconocidos en la Constitución (art. 50).

Hay que decirlo con toda claridad: el problema no es de sostenibilidad del sistema de pensiones por falta de recursos, sino de falta de justicia en la redistribución y el uso de la riqueza social. Como señaló san Juan Pablo II, el problema está en que en lugar de situar los derechos de la persona trabajadora como criterio fundamental del funcionamiento de la economía, se hace lo contrario, negando un principio básico de justicia: «la realización de los derechos del hombre del trabajo no puede estar condenada a constituir solamente un derivado de los sistemas económicos guiados por el criterio del máximo beneficio» (Laborem exercens, 17).

Para crecer en justicia en el sistema de pensiones hay cuatro cosas que son fundamentales: 1) Los derechos sociales, todos, deben ser garantizados por sí mismos. Son derechos de las personas por el hecho de serlo y no pueden ser puestos en cuestión habiendo recursos, como hay, en el conjunto de la sociedad para satisfacerlos. 2) Los derechos sociales, incluidos las pensiones, no pueden depender solo del empleo. 3) Los recursos para financiar el sistema de pensiones no pueden provenir solo de las cotizaciones, sino también de un sistema fiscal más justo. 4) Es necesario transformar el modelo económico, y para ello es central un modelo de relaciones laborales basado en el trabajo digno.

Es necesario poner todo esto sobre la mesa en el imprescindible diálogo social sobre las pensiones, si lo que queremos es crecer en justicia y no seguir encerrados en la lógica perversa de una economía regida por la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, contra el bien común. Por eso hace tanta falta un cambio en profundidad en la orientación de la acción política en este campo.

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