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El pacto del SMI que dejó fuera a los sindicatos

11 enero 2017 | Por

El pacto del SMI que dejó fuera a los sindicatos

Saúl Pérez | El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España experimentará en 2017 un incremento del 8%, lo que supondrá pasar de 655,20 euros (2016) a 707,6 euros al mes, es decir 52,4 euros más. La última subida relevante del mismo fue en 2004, cuando el Gobierno de Zapatero lo subió un 9%, en dos etapas. Con todo, queda lejos del objetivo que establece la Carta Social Europea suscrita por España de fijar el SMI en el 60% del salario medio neto.

La subida del SMI acordada ha sido una exigencia del PSOE a cambio de conceder luz verde a la propuesta del Gobierno de reducción del techo de gasto propuesto para 2017. Ciudadanos, en esta materia, aspiraba a establecer un complemento para los bajos salarios, que recuerda al modelo estadounidense de los subsidios de empleo tipo McDonald’s o Walmart [1].

Los sindicatos se han sentido arrinconados, ya que esta medida no ha venido precedida de ningún diálogo social y se tramitará además por decreto ley. Algunos portavoces sindicales han llegado a afirmar que se ha «secuestrado» o «hurtado» una de las pocas materias reservadas a los agentes sociales. Pese a ello, consideran que la presión y las movilizaciones han dejado notar su influencia en una subida muy por encima de la de los últimos años.

Mucho recuerdan estos primeros pasos de legislatura en España a lo que aconteció en Alemania tras la victoria de la derecha conservadora de Merkel a finales de 2013 y la derrota sin paliativos del Partido Socialdemócrata de Alemania. La subida del SMI fue la llave que permitió a los socialistas alemanes aprobar el acuerdo con la CDU.

Las posibles repercusiones económicas de la regulación de un salario mínimo son fuente de debate, con muchas y enfrentadas opiniones. Sectores conservadores y liberales vienen haciendo propuestas muy polémicas. En 2013, el Banco de España proponía permitir remuneraciones por debajo del mismo, en casos excepcionales. Un año más tarde, la presidenta del Círculo de Empresarios proponía por su parte limitar su cobertura a personas con formación. Desde estos puntos de vista, el salario mínimo regulado supone un coste laboral y, por tanto, un obstáculo a la contratación, que no deja otra alternativa que el desempleo.

Los estudios al respecto no avalan la teoría del freno a la contratación. De hecho, España cuenta con uno de los SMI más bajos de Europa, y sin embargo encabeza las tasas de paro. Solo en algunos de los estudios aludidos sí podría suponer cierto obstáculo en el caso de los jóvenes.

Una explicación podría encontrarse en que, si bien la comparación global del SMI deja a España en las posiciones de cola, dado que hay países donde se permite un salario mínimo menor para trabajadores de menos edad, la comparación entre el de los jóvenes daría como resultado que España ascendería bastantes posiciones.

Aunque la interpretación ya es más compleja, el SMI también podría representar algún obstáculo a la contratación de otros colectivos con problemas de empleabilidad: hombres y mujeres mayores de 45 años y personas con poca formación, especialmente mujeres e inmigrantes. En cualquier caso, no cabe duda que este conjunto de personas es quien mayor precariedad laboral sufre y quien está en mayor riesgo de pobreza laboral y privación material.

Porque, en realidad, muchas empresas han hecho trampas. Han acudido a la economía sumergida, a la utilización de falsos autónomos, esquivando así el mandato legal que supone el salario mínimo, ahorrándose parte de las cotizaciones a la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido.

Desde posiciones ideológicas más progresistas se defiende que el SMI (o su incremento) repercute positivamente en hogares de baja renta, que son quienes tienen una alta propensión al consumo de bienes de primera necesidad. Ayudaría a generar empleo, especialmente si la demanda se orienta hacia mercados locales o domésticos, en lugar de a mercados de bienes importados.

Argumentan, además, en el contexto actual, que la denominada recuperación económica está agravando la desigualdad, como consecuencia de las últimas reformas laborales. Por lo que, en realidad, no hay una salida de la crisis, sino mayor precariedad y pobreza entre la clase obrera. Y, por tanto, hay que asegurar un suelo salarial que haga disminuir esa desigualdad. Por último, defienden que con una importante subida del SMI habrá una mayor disposición a trabajar, porque aumentaría el trade-off (es decir, la brecha o diferencia) entre el salario por estar empleado y el de no estarlo (subsidios, ayudas familiares para desempleados, renta social básica…).

Hace algunas décadas, cuando se implantó en España, el SMI resultaba más efectivo en tanto en cuanto existían contratos más homogéneos, y generalmente a tiempo completo e indefinidos. Y también los convenios colectivos tenían un peso más importante. Pero hoy, más de 6 millones de trabajadores asalariados perciben en España una remuneración por debajo del SMI (porque no trabajan jornadas completas –al menos de manera legal–). Y, por otra parte, la última reforma laboral ha permitido que las empresas puedan pagar por debajo de los salarios de convenios.

Si el empresariado es capaz de eludir el cumplimiento del SMI, mediante la economía sumergida, la conversión de trabajadores asalariados en falsos autónomos o la sustitución de empleos a tiempo completo por mini-jobs, la subida del suelo mínimo salarial tendrá poco efecto. De igual forma, si los productos básicos experimentan una subida de precios o aumenta significativamente el impuesto sobre la renta o disminuyen las transferencias sociales (subvenciones o ayudas), el poder adquisitivo de la clase trabajadora no mejoraría sustancialmente.

Sindicatos y partidos obreros deberían ser capaces de ejercer suficiente control para neutralizar los efectos adversos y las derivas perversas que podría acarrear la subida del SMI, para no acabar perjudicando a los intereses de la clase trabajadora. Igualmente, habría que contemplar otras medidas complementarias como un SMI juvenil, la existencia de una comisión plural, con los agentes sociales, que determine el nivel del salario mínimo o limite los salarios máximos.

Con la adecuada regulación y vigilancia para evitar las irregularidades y el fraude, la subida es una buena noticia para las personas trabajadores. Más aún si de verdad convierte el mayor incentivo a estar empleado en ocupación de la fuerza del trabajo. La presión ciudadana sobre el Gobierno y la oposición, en especial en esta legislatura, se antoja la mejor forma de recuperar derechos y atender a las personas.

[1] McDonald’s y Walmart, las «reinas de los subsidios» estatales de EEUU. http://bit.ly/McDonalds_Walmart

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