Bruno Estrada* | Los convenios colectivos fijan el salario de más de once millones de personas en España, por eso son un elemento fundamental, no solo en las condiciones de vida de los asalariados, sino del funcionamiento de la economía. Finalmente, el propio Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), ha reconocido la pertinencia de las propuestas sindicales.

Excepto en los países pequeños con una gran propensión exportadora, que no es el caso ni de España ni de la mayor parte de países de la eurozona, el elemento determinante de la evolución económica de un país es la demanda agregada que está compuesta por: 1) el consumo privado, que en gran medida depende de la evolución del empleo y de los salarios de los trabajadores, 2) por la reinversión productiva de los beneficios –que, a su vez, depende de las expectativas de incremento del consumo, y también del grado de participación de los trabajadores en la gestión de las empresas–, y 3) por el gasto público, tanto el gasto público corriente como las inversiones públicas.

¿Por qué Mario Draghi se ha puesto de parte de los sindicatos, y de multitud de economistas progresistas, que vienen diciendo lo mismo desde hace varios años?

En el fondo, cuando el presidente del Banco Central Europeo apela al incremento de los salarios, lo que está poniendo de manifiesto es que la falta de resultados de la política monetaria es debida a la austeridad fiscal, a las limitaciones que la Comisión Europea ha impuesto a las políticas presupuestarias de los gobiernos nacionales, impidiendo el incremento de la demanda agregada por esa vía.

Conviene recordar que el Banco Central Europeo optó por una política monetaria expansiva solo desde 2015, con más de seis años de retraso sobre lo que hizo la Reserva Federal de EEUU, por lo que los efectos sociales de la crisis han sido mucho más graves en la eurozona y su recuperación más lenta.

El gasto público bajo el gobierno de Obama llegó a ascender al 42,3% del PIB en 2009, como una forma inteligente y solidaria de enfrentarse a la crisis. Mientras que en Europa hemos asistido a la incapacidad de la socialdemocracia europea de enfrentarse a las políticas impulsadas por Ángela Merkel y el «ordoliberalismo» alemán, cuando no las han apoyado con entusiasmo: como viene haciendo el socialista holandés Dijsselbloem (presidente desde 2013 de la reunión de los ministros de Economía del euro); o como hizo el PSOE con las medidas de austeridad fiscal y devaluación salarial que desarrolló a partir de mayo de 2010; o como han hecho recientemente los socialistas franceses en la reforma laboral aprobada por decreto por el primer ministro Manuel Valls; o el primer ministro italiano Mateo Renzi mediante una regresiva modificación del Código del Trabajo en Italia que supedita los derechos laborales a la evolución económica de las empresas.

La apuesta neoliberal por la devaluación salarial como forma de reactivar la economía es una falacia que solo ha hecho que se incrementen los beneficios empresariales, la pobreza y, consiguientemente, la desigualdad social. En las sociedades desarrolladas el principal elemento competitivo de las empresas es la diferenciación del producto a través de la creación de intangibles y, por ello, los precios de gran número de productos ya no dependen de sus costes de producción, sino del poder adquisitivo de una fuerte clase media que tiene una demanda crecientemente sofisticada, esto es que prefiere comprar productos diferenciados.

Siempre es tiempo de rectificar si es para bien, pero los millones de desempleados de nuestro país, los cientos de miles de trabajadores a los que se les han recortado los salarios y que han visto como empeoraban sus condiciones de trabajo, los miles de personas desahuciadas no deben entender muy bien por qué estás medidas no se tomaron antes, si eran las correctas.

No obstante, para que la recuperación económica sea sólida, además de los incrementos salariales que ahora demanda Draghi, junto a los sindicatos de toda Europa, es necesaria una política fiscal expansiva que elimine el riesgo de «estancamiento secular» en el que está sumida la eurozona. Ello debería significar el fin del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ya que es un corsé que está lastrando la recuperación de los países más castigados por la crisis.

En nuestro país, eso significa que es necesario renegociar los plazos y condiciones de cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública, derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la actual redacción del Artículo 135 de la Constitución, de forma que se reviertan los recortes sufridos en la inversión pública y en los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, dependencia), más de 30.000 millones de euros en el periodo 2009-2014. En resumen abandonar el «fetichismo del déficit», que consiste en condicionar toda la política presupuestaria a la consecución dogmática de un objetivo concreto de déficit público que no tiene ninguna justificación económica, y que sacrifica en ese altar cualquier otro objetivo de política económica y, principalmente, como estamos viendo, el empleo. Nuestra tasa de desempleo es aún del 20%, después de ocho años del estallido de la crisis. El propio presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, ha dicho que España ha crecido en estos últimos años «gracias, en gran medida, al hecho de que se ha incumplido el déficit».

Estas son las políticas que tienen que cambiar si queremos hacer de España un país más próspero y más incluyente, pero también más competitivo, como hacen aquellos países desarrollados que apuestan por el conocimiento como el principal factor de competitividad, y no por una absurda reducción de los costes laborales que nos conduciría a un profundo abismo de desigualdad social propio de un país de low cost. Hace ochenta años Ernst Wigforss, que fue ministro de Economía de Suecia de 1932 a 1949, dijo: «La austeridad nos lleva a la conclusión de que el trabajo es un lujo, de que el trabajo para todos los ciudadanos es algo que uno puede permitirse en sociedades ricas, pero que supera con mucho las fuerzas de un país pobre». Evidentemente el país pobre al que se refería era Suecia. Wigforss puso en marcha las políticas de pleno empleo, de construcción del Estado del Bienestar y de fortalecimiento de los sindicatos en la negociación colectiva que han permitido que este país nórdico sea hoy en día uno de los más ricos e inclusivos del mundo.

*Economista, adjunto al Secretario General de CCOO