Joaquín Arriola  | Una de las polémicas más absurdas que se han dado en el debate político español reciente ha sido la discusión sobre si el país había sido «rescatado» o no por la Unión Europea, y en consecuencia sobre si estaba sometido a un control exterior en sus cuentas públicas.

El debate era absurdo por dos razones: primero, porque basta asomarse a las páginas asuntos económicos y financieros de la UE para descubrir a España en el listado de los países sometidos a escrutinio especial por haber recibido ayuda financiera extraordinaria. En el otoño pasado se publicaba el cuarto informe de supervisión post-programa, que la UE considera finalizado desde enero de 2014. Si el rescatador y financiador afirma que España fue rescatada, y el gobierno ha colaborado con todos los informes elaborados para supervisar el rescate, ¿qué sentido tiene el debate?

Además, en segundo lugar, desde 2011 los gobiernos acordaron reforzar los procedimientos de supervisión y control sobre las cuentas públicas, de modo que ha desaparecido la soberanía fiscal, pues los estados, y en particular los de la eurozona, están sometidos a unas reglas muy estrictas sobre los niveles de déficit admisibles y los plazos para su reducción. Los países que superan los límites arbitrariamente establecidos de deuda y déficit, se ven sometidos a controles e intervenciones sobre sus cuentas públicas, a compromisos de obligado cumplimiento y a sanciones en caso de incumplir lo pactado, en concreto los de la eurozona podrían recibir de hasta el 0,2% del PIB, si no respetan las normas preventivas ni las disuasorias, o 0,5% del PIB, si incumplen repetidamente las normas disuasorias. En el caso de España, estamos hablando de unos 20.000 millones de euros en el primer caso y de 50.000 en el segundo. Además, todos los estados miembros (excepto el Reino Unido y Chequia, que rechazaron firmar el pacto), podrían ver suspendidos los compromisos o los pagos de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (por ejemplo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) si incumplen reiteradamente los límites de déficit acordados. Los países que actualmente corren el riesgo de ser sancionados por tener déficit excesivo y no haber mejorado la situación en 2016 son Croacia, Chipre, Francia, Portugal, Irlanda, Eslovenia y España. También Gran Bretaña tiene una situación similar, pero al no estar en la eurozona y rechazar el pacto de estabilidad, les trae al pairo.

Que, con excepción del Reino Unido, todos los países con déficit excesivo sean miembros de la eurozona, al parecer, no genera ninguna reflexión de fondo en las instituciones comunitarias.

El programa político real

Todos los años los gobiernos tienen que elaborar dos documentos clave: por un lado un Programa de Estabilidad, en el que evalúan el grado de cumplimiento de los objetivos y de las recomendaciones anuales de la Unión y de los objetivos presupuestarios a medio plazo. Por otro lado, un Plan Nacional de Reformas, en el que se contemplan los cambios estructurales considerados necesarios para garantizar que el país avanza en la corrección de los desequilibrios económicos que alimentan los desequilibrios principales de la economía.

Estos dos documentos, el primero referido a los presupuestos y el segundo a las estructuras económicas y sociales, son el verdadero programa político de cualquier gobierno sometido a las reglas comunitarias. El gobierno en funciones ha actualizado el programa de estabilidad para 2016 y las previsiones hasta 2019. En caso de que la UE le de el visto bueno, es improbable que un nuevo gobierno se atreva a enmendarle la plana, salvo que esté dispuesto a una confrontación política de fondo con las instituciones comunitarias y sus políticas neoliberales. Con el Plan Nacional de Reformas el gobierno en funciones ha sido más cauto, y ha enviado un programa de mínimos, a la espera de que sea el nuevo gobierno el que defina las prioridades de las políticas estructurales.

El incumplimiento y sus consecuencias

La UE había recomendado y España había aceptado que en 2015 el desequilibrio en las cuentas de las administraciones públicas fuera como mucho del -4,2% del PIB, en otoño la Comisión contemplaba que fuera de un -4,7% y finalmente fue de un -5,1%, incluidas las ayudas a los bancos y cajas. Para 2016 el pacto establecía un déficit del -2,8%, la Comisión calculaba que como mucho estaría en el -3,6% y finalmente esta es la cifra que asume el gobierno en el nuevo programa de estabilidad. Esto significa que en 2015 las administraciones gastaron

En noviembre la Comisión ya avisó de que España estaba en «riesgo de incumplimiento» con las previsiones de déficit, lo que exigía una respuesta del gobierno para informar de que actuaciones contemplaba para ajustarse a la senda de déficit acordada. Pero elecciones obligan, el gobierno pasó del asunto.

Ahora, en el nuevo programa de estabilidad, el gobierno propone en realidad reajustar el acuerdo con la UE, para aligerar el esfuerzo a llevar a cabo, como se puede ver en el cuadro 1.

Obsérvese que en las proyecciones se indica que la Seguridad Social va a tener un déficit superior al de las Comunidades Autónomas ya este año; un aviso de las nuevas presiones que se van a impulsar desde la UE y desde los grupos interesados en fomentar la «economía de mercado», para reducir las prestaciones sociales y en particular las pensiones públicas.

El déficit de cada año se añade a la deuda acumulada. Al incumplir los objetivos de déficit, esto significa que en 2015 España acumuló en 2015 cerca de 10.000 millones de euros de deuda pública más sobre los 45.000 millones extra aceptados por la UE. Este año prevé incumplir el acuerdo de déficit en 9.000 millones más sobre los 31.000 que aceptó la Unión; y para 2017, el gobierno propone que en lugar de aumentar el déficit en 16.000 millones, se permita gastar 33.000 millones más de lo que se prevé ingresar.

La dimensión de las cifras en juego hace prever una negociación muy difícil con la UE, e incluso no está descartado que la UE proponga un castigo, en forma de multa, por incumplimiento de los acuerdos en materia de reducción del déficit excesivo. Obviamente, dada la correlación de fuerzas en la Unión, si España tiene un gobierno de izquierda contrario al ajuste, la multa está cantada. Pero si el nuevo gobierno es favorable al ajuste, probablemente haya una revisión de las cifras de déficit permitidas, que sin duda no serán las propuestas en el programa de estabilidad, sino algo intermedio entre las cifras anteriores y las nuevas.

Apretando más el cinturón

En todo caso, el gobierno en funciones ya ha afirmado que el esfuerzo adicional requerido lo tendrán que compartir a medias con las comunidades autónomas. Como muestra de buena voluntad, ya ha acordado «congelar» 2.000 millones del presupuesto del Estado aprobado para este año, tres cuartas partes en inversiones y promoción económica, en espera de nuevos recortes, que en el mejor de los escenarios será finalmente de unos 4.000 o 5.000 millones en 2016 respecto al gasto previsto este año, es decir, que a las Comunidades Autónomas se les va a exigir un recorte de unos 2.500 millones este año.

Como se puede ver en las proyecciones de gasto (cuadro 2), la política de ajuste significa, al margen de los nuevos recortes para cumplir con el déficit acordado con la UE, un retroceso del peso del sector público en la economía, desde el 43,3% del PIB en 2015 hasta dejarlo en un 40,1% en 2019. Con las proyecciones de crecimiento que se manejan, esto significa en la práctica el estancamiento del gasto público, con una reducción absoluta en las transferencias sociales en especie y un peso de las inversiones públicas en un 2% del PIB, cifra totalmente insuficiente para dinamizar una economía abocada al estancamiento de largo plazo y al progresivo deterioro de las infraestructuras.

Por el lado de los ingresos tampoco hay perspectivas de mejora, porque a los trabajadores ya no se les puede sacar mucha más manteca, y los capitalistas se niegan en redondo a pagar su parte, ya que necesitan los beneficios para reducir su enorme endeudamiento empresarial, que supera el 130% del PIB. Por eso el gobierno en funciones ha fijado en un 38% del PIB la recaudación para todos los años del período. Sin duda, aquí está una de las claves del debate político en los próximos meses.