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TTIP: Negocios contra derechos y protección

31 octubre 2014 | Por

TTIP: Negocios contra derechos y protección

José Luis Palacios | Noticias Obreras 1564, Págs. 13-14 | El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) se comenzó a negociar en febrero de 2013 como un intento de las administraciones de EE.UU. y la Unión Europea por defender la hegemonía comercial de Occidente ante el avance de las economías emergentes. Para sus críticos, se trata de una nueva acometida para aumentar el poder de las grandes corporaciones.

El objetivo es «la eliminación de las barreras al comercio entre ambas orillas del Atlántico y el avance en la regulación y los estándares», según Adriana Maldonado, del Real Instituto Elcano. En su opinión, «la liberalización facilitaría el comercio de bienes y servicios, inversiones y compras públicas, ahorraría costes y crearía cientos de miles de puestos de trabajo a la vez que crearía el mayor bloque comercial del mundo». Precisamente, el jefe del equipo negociador europeo, García Bercero, en una mesa redonda organizada por el Real Instituto Elcano precisó que el tratado no es un acuerdo comercial basado en la reducción de aranceles, ya de por si bajos entre la Unión Europea y Estados Unidos (en torno al 4%), sino que pretende avanzar en la regulación y los estándares.

Sin embargo, para José Anastasio Urra, de la Comisión Justicia Fiscal y Financiera Global de ATTAC España, «las negociaciones del TTIP se están centrando en eliminar lo que en realidad se interpone más profundamente en el camino hacia los beneficios corporativos, las mismas regulaciones que protegen a los trabajadores, a los consumidores, y al medioambiente. Con tal objetivo, la UE y EE.UU. quieren “armonizar” sus estándares y normas, “armonización” que solo puede ser a la baja dado el objetivo de profundizar en la liberalización del comercio y la inversión, lo que equivale a una reducción y degradación de las normas sociales y medioambientales a favor de los intereses de las corporaciones para que puedan mover libremente su capital, bienes y trabajo». Las negociaciones buscarían, a decir de Urra, además, «crear nuevos mercados abriendo el sector de los servicios públicos y la adjudicación de contratos por parte de la administración a las corporaciones transnacionales, lo que amenaza con provocar más olas de privatizaciones en sectores clave como la sanidad y la educación».

Muchos temen que la llamada «armonización» en asuntos como los derechos laborales y la política social, la protección al medio ambiente, la agricultura y el consumo, la sanidad y la salud, el sistema financiero, los derechos de propiedad intelectual o los mecanismos de resolución de conflictos entre empresas y Estados acabe por derribar del todo las medidas europeas que todavía defienden a los ciudadanos frente a los intereses de las grandes corporaciones. De ahí que José Antonio Urra afirme que «el TTIP es en realidad un proyecto político transatlántico promovido por las élites políticas y corporativas sobre la promesa infundada de aumentar el comercio y el número de empleos, la misma que retrotraerá las protecciones regulatorias sociales y medioambientales, reducirá los derechos de los ciudadanos frente a las corporaciones, y tratará de consolidar el liderazgo geopolítico de EE.UU. y la UE en esta perniciosa globalización».

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y los Estados Unidos (TTIP), que inicialmente se llamó «Acuerdo Trasatlántico de Libre Comercio» (TAFTA, por sus siglas en inglés), permitiría a los inversores reclamar indemnizaciones como resultado de regulaciones, leyes, normativas u otras decisiones gubernamentales que tengan el efecto de reducir sus oportunidades de lucro. Ya se ha visto como las políticas públicas han sido objeto de demandas por las corporaciones en todo el mundo. Su impacto en los derechos de los trabajadores también sería grande, si la llamada armonización se hace a la baja, para favorecer la competitividad de las empresas.

Como han recordado los críticos a este tratado ante las bonanzas proclamadas por sus defensores, cuando se firmó, en 1993, el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (NAFTA, por sus siglas en inglés), las previsiones eran muy optimistas: se crearían millones de empleos, habría un boom exportador… Sin embargo, la propia Cámara de Comercio de EE.UU. ha admitido que las promesas no se han hecho realidad. El centro de estudios progresista «Economic Policy Institute» estima en casi 700.000 los trabajos perdidos en EE.UU.

Los opositores al tratado transatlántico de comercio han lanzado una campaña europea para denunciar «la forma antidemocrática y a espaldas de la sociedad» en que se negocia la letra pequeña. En España diversas organizaciones sociales y sindicatos se han unido a la protesta. El día 11 de octubre ha sido el elegido para protestar contra lo que llaman «la agenda corporativa de libre cambio», en la que incluyen no solo el mencionado TTIP, sino también el Tratado Económico y Comercial Integral entre la UE Y Canadá (CETA en sus siglas en inglés ) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocian en la actualidad unos 50 países.

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