Convocamos la mesa redonda el 6 de febrero porque la dimensión social de la fe nos manda abordar cuestiones del ámbito público. Y porque es tarea de la Iglesia sentarse a dialogar con asociaciones civiles donde el Espíritu trabaja las semillas del Reino de Dios. Es la cuarta vez que lo hacemos y el lema fue: “EN DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES”

Invitamos a una representante de un sindicato (CCOO), un representante de una AAVV (LUCERO) y un representante de la Delegación de Pastoral del Trabajo. Los tres fueron confluyendo en la descripción de la realidad, sus causas, y el apunte de soluciones.

Todo este proceso al que  asistimos empezó en los años 80 con el desmantelamiento del Estado de Bienestar donde habíamos llegado a un cierto equilibrio entre los beneficios privados y el reconocimiento de los derechos laborales y sociales.  Fue una conquista de toda la sociedad que garantizaba la estabilidad y la cohesión social.

Pero en los años 80 las medidas políticas económicas empezaron a cambiar el modelo de empleo, a dedicar más dinero a la especulación de mercados financieros  e inmobiliarios y toda la sociedad, incluidos los trabajadores, asumimos la cultura del individualismo y consumismo.

Esta orientación fue muy negativa para los derechos sociales (sanidad, educación, dependencia, pensiones, atención drogodependencia…). Ahora la crisis sirve en bandeja culminar el desmantelamiento brutal de los derechos sociales. En el momento actual podemos afirmar que los derechos sociales están siendo sacrificados en el altar de los beneficios de una minoría. Esto pone en peligro la cohesión social. 

RAZONES PARA REACCIONAR desde CCOO:

1. No es verdad que el modelo del Estado de Bienestar sea insostenible. Si hay menos dinero para los derechos sociales (sanidad, educación,  dependencia, seguridad, pensiones…) es porque la política fiscal ha bajado su recaudación bajando las cargas de los más pudientes.
2. No es justo que se cambie sin la decisión de los que más contribuyen: los trabajadores aportamos el una parte considerable desde el IRPF, el IVA, las cotizaciones. El gobierno no tiene atribuciones para quitar este derecho sin que intervengamos en la gestión. Esto supone una modificación de las bases pactadas.

Propone:

• una política fiscal más justa que distribuya las cargas contributivas más justamente. Si fuese así habría para mantener todos los derechos sociales.
• una reconstrucción de valores. En vez de primar el éxito, se priorice la justicia y la solidaridad.
• Un apoyo a todas las movilizaciones y “mareas” para denunciar y reclamar la defensa de las conquistas conseguidas.

RAZONES PARA REACCIONAR DESDE LA ASOCIACIACIÓN DE VECINOS “LUCERO”

1. La dignidad de las personas se afianza con la garantía de los derechos sociales. Son la forma de equilibrar la igualdad dentro del sistema capitalista.
2. Aunque los perjudicados somos todos, sin los derechos sociales somos los más débiles los abocados a la marginación y la exclusión. Así pues, es un deber de justicia.
3. Reducir los derechos sociales implica dolor en muchas personas que arrojadas a la pobreza, la dependencia. La defensa de los derechos sociales es una forma de ejercer la solidaridad con los que menos tienen.

La Asociación de Vecinos “LUCERO” lo nota en que: el Canal de Isabel II está en proceso de privatización, acceder a la justicia y los registros civiles se dificulta por el incremento de tasas; el transporte público sube desmesuradamente; la seguridad ciudadana queda reducida por disminuir los bomberos y las dotaciones policiales (no así las unidades especiales); la educación pública reduce su presupuesto, aumenta los alumnos por aula, el horario de los profesores; crecen exponencialmente los desahucios de viviendas…

Propone:

• La defensa de la gestión pública. Para ello tomar conciencia de que no está demostrado que la gestión privada sea ruinosa y menos eficaz.  Más bien el proceso de privatizaciones consiste en reducir aportaciones públicas que provocan un empeoramiento de la calidad del servicio. Lo hacen culpable de esto y entonces justifican la necesidad de las privatizaciones.
• Canalizar la participación de la ciudadanía de los barrios a través de “Plataformas en defensa de la Educación Pública” o “de la Sanidad Pública” o “de los Antidesahucios” o “contra la Privatización del Canal Isabel II”

RAZONES PARA REACCIONAR DESDE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA:

La prioridad de la dignidad de las personas y de la justicia debida a los empobrecidos. Benedicto XVI, en “Caritas in veritate” hace un diagnóstico muy concreto de la actual situación:

• Se están deteriorando las condiciones laborales y debilitando las redes de protección social con “grave peligro para los trabajadores, los derechos fundamentales del hombre y la solidaridad en las tradicionales formas del Estado social”. “El primer capital que se ha de salvaguardar y valorar es el hombre, la persona en su integridad, pues el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social” (n. 25)
• Se requiere especialmente hoy que las decisiones económicas no hagan aumentar todavía más las desigualdades, en concreto, “reducir el nivel de tutela de los derechos de los trabajadores y renunciar a mecanismos de redistribución del rédito…impiden consolidar un desarrollo duradero” Esta situación exige “una nueva y más profunda reflexión sobre el sentido de la economía y de sus fines” (n. 32).
• Es fundamental el papel de los Estados en la defensa del bien común: “con relación a la solución de la crisis actual, su papel parece destinado a crecer, recuperando muchas competencias (…) Además, la articulación de la autoridad política en el ámbito local, nacional o internacional, es uno de los  cauces privilegiados para poder orientar la globalización económica. Y también el modo de evitar que ésta mine de hecho los fundamentos de la democracia” (n. 41).

Para eso propone:

1.- Luchar por otro modelo político y económico. Es necesario modificar el modelo político para que esté centrada en la defensa del bien común y de la justicia. Una acción política que:

• Someta el funcionamiento de la economía a las necesidades sociales.
• Dé prioridad real en el gasto público a las necesidades de los empobrecidos para que dejen de serlo.
• Promueva el empleo decente y unas condiciones dignas de trabajo.
• Reforme en profundidad el sistema fiscal y luche contra los paraísos fiscales para realizar una efectiva distribución de la riqueza social con justicia.
• Refuerce y extienda los servicios públicos que responden a los derechos sociales de las personas.
• Conciba los derechos sociales como algo debido a toda persona sólo por el hecho de serlo (garantía universal de todos los derechos sociales).

2.- Construir otra manera de vivir y de actuar. Nada de lo planteado es posible si no hay personas que queramos vivirlo y luchar por hacerlo realidad.

• No cambiará nada si no sentimos y asumimos como propio el sufrimiento de los empobrecidos. Si no defendemos la propiedad de los bienes desde la perspectiva de su destino universal.
• Vivir la política de otra manera: buscar lo que construye comunión en la vida cotidiana y en la vida de las instituciones sociales.  Los cristianos laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política (CL 42)

La Iglesia y cada uno de los cristianos estamos llamados a participar activamente en esa tarea.